La responsabilidad del 155

El ejercicio de gobernar comporta tomar decisiones que no siempre son del gusto de los gobernados, y a veces tampoco de los propios gobernantes, pero siempre, y evidentemente es un criterio subjetivo, se consideran decisiones necesarias para la sociedad. Si no fuera así, simplemente no se tomarían. Es el caso del uso del artículo 155 de la Constitución, nunca utilizado con anterioridad y que se vuelve ahora imprescindible para devolver a las instituciones catalanas a la legalidad y al marco jurídico de convivencia del que hace 40 años nos dotamos de forma consensuada.

La cuestión que hoy se debate en todos los foros políticos de España no debería ser la oportunidad de usar el tan citado artículo sino lo que ha llevado al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a situar en el límite de la tensión política, social y económica a la sociedad catalana.

Los separatistas llevan años mintiendo sobre las bondades del «procés» y forzando, cuando no vulnerando la legalidad, pero hoy ya se ha visto que éste ni es un proceso pacífico, ni neutro económicamente, ni aplaudido por ninguna autoridad internacional y que, además, supone violentar el marco jurídico de convivencia. Entonces, ¿qué justifica que el Govern de la Generalitat se mantenga en sus propósitos a pesar de los enormes costes que representan para los catalanes? Sin duda no son beneficios para la sociedad, porque no los hay, sino que más bien son objetivos partidistas. Son legítimos siempre que se reivindiquen a través de la ley, pero extraordinariamente injustos cuando estos objetivos suponen el menoscabo de la convivencia, y el empobrecimiento social y económico de una sociedad, pero además son ilegítimos cuando estos se persiguen a costa de la democracia y del estado de derecho.

Así, el uso del artículo 155 deviene imprescindible para recuperar para las instituciones catalanas su legitimidad democrática, devolver a la sociedad al marco estable de convivencia que nos ha permitido progresar durante los últimos 40 años, con aspectos mejorables sin duda, pero con recorrido a largo plazo.

La aplicación y desarrollo de esta previsión constitucional no puede verse como una suspensión del autogobierno, sino precisamente como una protección del mismo ante aquellos que pretender dilapidar todo aquello que nuestra sociedad hemos conseguido en los últimos 40 años.

Hubiera sido mucho mejor no tener que desarrollar este artículo, pero si está siendo así no es por gusto de quien se ve en la necesidad de aplicarlo, sino por la testarudez de quien, teniendo la responsabilidad de gobernar, no ha tomado las decisiones adecuadas.

Santi Rodríguez es secretario general del PPC