Cs reclama al Gobierno que aclare cómo protegerá el castellano en los campus catalanes

«No existe un problema con el castellano en las universidades catalanas». Así se manifestaba de manera reciente el ministro de Universidades, Joan Subirats , desdeñando todas las denuncias y la conflictividad generada entorno al intento de la Generalitat y grupos nacionalistas de pontenciar el catalán a partir de la persecución del castellano.

Como consecuencia de las manifestaciones del ministro, el grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha registrado una pregunta para que el ministro Subirats señale si considera que sigue sin existir problema «a pesar de que el Govern de la Generalitat promueva la realización de informes sobre ' incidencias lingüísticas ' en el uso de la lengua en los campus que deban ser remitidos a la Conselleria competente, tal como se ha anunciado?».

Del mismo modo, Cs pregunta si «¿tiene previsto el Gobierno, a través de su Ministerio de Universidades ocualquier otro departamento, adoptar algún tipo de medida frente a la iniciativa de invitar a denunciar a quienes no utilicen en exclusividad el catalán en el ámbito universitario ». Alude Cs a la página web creada por Plataforma per la Llengua y sindicatos de estudiantes independentistas para facilitar la denuncia de los profesores.

En conclusión, el grupo naranja inquiere al Gobierno a que aclare «¿cómo tiene previsto el Gobierno garantizar la normal coexistencia de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas, principalmente en el ámbito universitario, de acuerdo con lo preceptuado por la CE y los respectivos Estatutos de Autonomía?».

En la exposión de motivos, el grupo naranja recuerda también «episodios absolutamente indignantes, como es el hecho de que en universidades públicas como la Universidad de Barcelona , entidades como Plataforma per la Llengua hayan llegado a adueñarse del espacio público con pancartas llamando al señalamiento y a la coacción de quienes utilizan el español para impartir las clases».

Todo ello, añade, «en la misma comunidad autónoma en la que ha tenido que ser la sociedad civil movilizada en los tribunales la que haya conseguido el acceso a los exámenes de Selectividad en una de las lenguas oficiales sin necesidad de tener que señalarse».