Razón y límites del diálogo

En la etapa política que estamos comenzando es preciso dar una respuesta política a la denominada “cuestión catalana”. Siendo cierto que la independencia es imposible en la Europa contemporánea, especialmente cuando se trata de una opción sin apoyo mayoritario en Cataluña, mantener de forma indefinida el «procés» tiene el riesgo de desgastar por completo la autoridad del Estado de Derecho. De ahí que deba saludarse la iniciativa del Gobierno de complementar la respuesta legal al desafío soberanista con una oferta de diálogo para resolver problemas concretos que, existiendo, han podido ser instrumentalizados por el nacionalismo. Ahora bien, es importante precisar con quién debe tener lugar el diálogo y qué límites puede tener el mismo.

De entrada, y aunque pueda parecer obvio, el diálogo debe comenzar con la sociedad catalana, y no con los políticos nacionalistas. Es al conjunto de la sociedad a quien debe trasladar el Gobierno las ventajas de reformular un proyecto de vida compartido con el conjunto de España, tanto en lo económico, lo político o en términos de cohesión social. Si el Gobierno escuchara a los catalanes de a pie vería que muchas de sus preocupaciones no son diferentes a las de los ciudadanos de otras regiones de España, y podría comprobar que el llamado problema catalán en realidad es problema nacionalista.

Pero el Gobierno debe intentar el diálogo también con los separatistas. En primer lugar, porque una parte de los soberanistas lo son porque han sido convencidos de que el Estado es incapaz de afrontar la necesaria regeneración de lo que funciona mal, de modo que han llegado a la conclusión de que es preferible empezar de nuevo con la construcción de una nueva comunidad política; en este sentido, dirigirse a este sector de la sociedad para que colabore en la mejora de nuestro marco político puede servir para demostrar que siempre es preferible el reformismo a la utopía revolucionaria que pretende empezar cada generación construyendo desde la nada. Pero en segundo término, y más importante aún, porque en eso se juega la superioridad moral del constitucionalismo: frente a quienes aspiran a declarar a parte de sus conciudadanos extranjeros en su propia tierra, la defensa de la unidad y solidaridad nacional pasa por el empeño decidido de construir el futuro en común con todos los compatriotas, incluyendo aquellos que pretenden romper con siglos de convivencia e historia compartida.

Ahora bien, si no queremos cerrar en falso el problema el diálogo no puede consistir en atender sin más a las reivindicaciones planteadas por el nacionalismo a excepción del referéndum de autodeterminación, y mucho menos consentir el blindaje de aquellas competencias (como la lengua o la educación) que han sido ejercidas de modo desleal para avanzar en la construcción nacional e intentar hacer ver que lo español es ajeno a Cataluña. Si algo deberíamos haber aprendido de los últimos treinta años es que el nacionalismo es insaciable, y que toda cesión la interpreta como confirmación de que tiene razón y como palanca desde la que impulsar su proyecto de destrucción de España.

El diálogo debe estar orientado, en mi opinión, en convocar a todos los catalanes -como al resto de españoles- a un proyecto de regeneración nacional. La crisis territorial debe servir para mejorar nuestro Estado autonómico, decidiendo entre todos los españoles qué queremos garantizar a todos nuestros conciudadanos (lo cual implicará, casi siempre, intervención de los poderes centrales del Estado) y qué puede tener una solución diversa, atenta a la diversidad que está en los orígenes mismos de España, pudiendo por tanto ser objeto de descentralización.

Ojalá acierten nuestros políticos para, con altura de miras, reformular el Estado autonómico para servir mejor a la sociedad española.

Pablo Nuevo es doctor en Derecho y profesor de la UAO CEU