Ramon Espadaler - Tribuna abierta
¡Stop ocupaciones!
Hay que perseguir implacablemente a las mafias que actúan en estas acciones. Y conviene impulsar medidas por parte de las administraciones implicadas
La preocupación ante el fenómeno creciente de las ocupaciones de viviendas va en aumento. Cada vez son más los casos de residencias ocupadas por personas que dicen no tener alternativa. La degradación es tal que incluso ha consolidado organizaciones mafiosas que «gestionan» ocupaciones y desocupaciones, lo que supone una evidente quiebra del Estado. Es tan evidente que hay un grave problema habitacional como que la solución no puede pasar por tolerar la ocupación por parte de los poderes públicos. El viejo eslogan antisistema de «casas sin gente y gente sin casas», cobertura de muchas ocupaciones, no puede ser la solución. Fundamentalmente, porque laminar un derecho (a la propiedad) para intentar garantizar otro (el de la vivienda) rompe con la legalidad, genera inseguridad, proyecta inestabilidad y rompe el Estado de Derecho.
La solución debe pasar por otras vías que, para Units per Avançar, no son ni la limitación del precio de los alquileres -como pretende una iniciativa legislativa en trámite que el Consejo de Garantías Estatutarias ha declarado claramente inconstitucional- ni la expropiación forzosa de viviendas a los grandes tenedores de pisos. Debe pasar, en primera instancia, por una actuación policial rotunda ante la ocupación que, con el amparo de la judicatura y de la fiscalía, proceda con celeridad al desalojo de los ocupantes. Hay que perseguir implacablemente a las mafias que actúan en estas acciones. Y conviene impulsar medidas por parte de las administraciones implicadas (la local, la autonómica y la general del Estado) para incrementar el parque de viviendas sociales y propiciar una política fiscal que incentive a los propietarios de viviendas a ponerlas en el mercado, garantizándoles la seguridad.
Estas administraciones, así como la de Justicia, no pueden seguir mirando hacia otro lado ante el fenómeno creciente de las ocupaciones. Más allá de una vulneración inadmisible del derecho a la propiedad, las ocupaciones proyectan incertidumbre e inseguridad en un contexto ya bastante incierto, pero, sobre todo, no resuelven un problema tan grave como la falta de vivienda de personas y familias amparadas por nuestra Carta Magna. Nuestro Estado no es únicamente un estado de derecho, sino también un estado democrático y, no lo olvidemos, un estado social.