A propósito de la sentencia

La inminencia de la sentencia del Tribunal Tribunal Supremo en el juicio a los encausados por el denominado Procés está generando todo tipo de especulaciones tanto respecto a su contenido –y a su grado de dureza– como sobre la respuesta del independentismo en el supuesto, plausible, que no sea exculpatoria. De todos modos, la reacción que se genere en Cataluña ante la sentencia sacudirá el ya por si mismo inestable panorama político catalán y también lo hará con el incierto panorama español. Ante esta evidencia, creo que es tan importante acatar la sentencia como respetar la libre opinión que sobre la misma se exprese en términos democráticos y cívicos.

A mi parecer, cualquier respuesta o reacción debería discurrir por los caminos de la legalidad, de las instituciones y, obviamente, de la política. Sigo pensando que, más allá de sus derivadas judiciales, que no serán menores, la raíz del problema en el interior de Cataluña y de Cataluña con el resto de España es de naturaleza política.

Por este motivo, me cuento entre los que piensan que la sentencia no tan solo debería poner punto final a la vía judicial, sino que, sobre todo, debería abrir la puerta a la política. Política entendida como la práctica del debate, de la negociación y del pacto. Pretender discurrir al margen de las instituciones, de la legalidad o de la política, así entendida, me parecería un gran error.

Desgraciadamente, el presidente de la Generalitat parece empeñarse en este este grave error cuando reclama a los Comités de Defensa de la República que sean proactivos o cuando proclama a los cuatro vientos que no aceptará una sentencia que no sea absolutoria. Es un ejercicio de demolición de la propia institución a la que representa y a la que se debe.

Ante este panorama, creo sinceramente que se equivocan tanto las voces que proclaman la desobediencia y el no acatamiento de una sentencia como las que se niegan a reconocer la naturaleza política del conflicto. Un reputado constitucionalista –nada sospechoso de derivas independentistas– decía que el Gobierno de la Generalitat no podía actuar como si no existiera la ley y que el de España tampoco podía hacerlo como sí únicamente hubiese la ley.

La política en el seno de las instituciones y en el marco de la legalidad es la única respuesta posible. Cuanto antes lo entendamos todos, antes empezaremos a solucionar un conflicto profundo que continuará latente.

RAMON ESPADALER es secretari general de Units per Avançar y diputato del GP Socialistes i Units per Avançar en el Parlament