Sos Racisme alerta de las trabas que encuentran los extracomunitarios para abrir una cuenta bancaria
La entidad explica que los mecanismos implementados contra el blanqueo de capitales se traducen en una dificultad para que los inmigrantes ejerzan sus derechos
La normativa implementada contra el blanqueo de capitales está suponiendo que muchos ciudadanos extracomunitarios asentados en Cataluña no puedan abrir una cuenta bancaria. Así lo ha alertado este lunes la entidad Sos Racisme , que explica que ciertos mecanismos se traducen en trabas para que los inmigrantes asentados en nuestro país puedan acceder a derechos básicos .
«Sí, un extranjero no residente en España puede abrir una cuenta bancaria. Para hacerlo, debe acudir con un documento identificativo (normalmente, el pasaporte) y con el certificado de no residente a cualquiera de nuestras oficinas. Es posible que se soliciten otros documentos en función del producto que se vaya a contratar . En tu oficina se encargarán de indicar las características de la cuenta corriente que mejor se adaptan a cada persona». Esta es la información que aporta un banco al respecto, pero la realidad, denuncian desde Sos Racisme, se traduce en discriminaciones varias. «A veces, por el origen, les exigen que contraten otros productos como seguros», cuenta Paula Rossi, al frente del Servicio de Atención y Denuncia (SAI) .
La realidad es que abrir o no la cuenta depende de la entidad, y en algunas ocasiones, -algo creciente, según indican desde la asociación-, deriva en problemas asociados para los afectados. Por ejemplo, acceder a una vivienda de alquiler.
Infradenuncia
En los últimos doce meses, Sos Racisme ha registrado 334 discriminaciones por origen, etnia o perfil racial en Cataluña. De ellas, solo 125 se han traducido en una denuncia. «Esto es solo la punta del iceberg, y es que de los que sí han denunciado solo el 12 por ciento se encuentra en situación administrativa irregular», ha indicado Rossi.
Esta cifra indica que algunos de los que declinan presentar una queja formal -el 63 por ciento del total-, apunta la organización, temen que ésta pueda traducirse en una expulsión del país. De los restantes, cuatro de cada diez tienen la nacionalidad española -natural o adquirida- o son extranjeros regularizados. « La estabilidad administrativa neutraliza la infradenuncia », constatan desde Sos Racisme.
Racismo «asumido»
Frente a los que no dejan constancia legal de su queja por miedo, están los casos de racismo «asumido». « Esto no quiere decir que a las personas que lo sufren les parezca normal. Reconocen que está mal, pero que es lo que les toca vivir en este contexto, por la reacción de los agentes externos : la banalización de las consecuencias que tiene, por las represalias y por la dificultad de actuar ante las vulneraciones de derechos», ha dicho la responsable del SAI.
De estos casos, el 50 por ciento hacen referencia a situaciones entre particulares y a agresiones y abusos de los Cuerpos de Seguridad pública. A destacar, indican desde la asociación, las identificaciones por perfil racial . «La decisión de no denunciar, a menudo la motiva la desconfianza en la Administración de justicia», ha indicado Larissa Saud, coordinadora de Sos Racisme. Y es que según la experiencia de la entidad, «la condición de persona migrada tiene impacto en las decisiones judiciales».
Vulneración de derechos
Según Saud, conseguir sentencias condenatorias suele ser menos habitual, « sobre todo cuando los denunciados forman parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado ». Constatan así que la vulneración de derechos en casos como éstos proviene del propio sistema, y por ello han instado a las administraciones a desplegar todos los mecanismos de control necesarios para erradicarlos.
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