Querella de la Fiscalía contra la alcaldesa de Calella por prevaricación y malversación
El Ministerio público acusa a Montserrat Candini (PDeCat) de presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la promoción turística del municipio barcelonés
El consistorio abonó 15.000 euros por un informe que se elaboró en una hora y media
La Fiscalía ha presentado una querella contra la alcaldesa de Calella (Barcelona), Montserrat Candini (PDECat) , por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato para evaluar una campaña de promoción turística del municipio. Y es que el Ayuntamiento abonó la suma de 15.000 euros por un informe que se elaboró en una hora y media .
Además, la edil adjudicó la auditoría de la citada campaña, «És Calella», al mismo grupo de empresas que la diseñó. Ahora, la investigación de la Unidad Central de Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra concluye que el procedimiento reviste carácter delictivo .
Fue en julio de 2020, cuando el pleno del consistorio, a propuesta de Candini, aprobó la adjudicación de la campaña publicitaria a una empresa de Carles F.E. -contra quien la Fiscalía también se ha querellado-. Al ser un contrato menor -por debajo de los 15.000 euros-, se adjudicó sin la concurrencia de otras mercantiles.
Fraccionamiento de contratos
Pero Mar P.R. y Marta C.R., dos trabajadoras del área de comunicación del Ayuntamiento, no como personal laboral sino «encadenando contratos menores», también estaban a sueldo de Carles F.E. Según la Fiscalía, la alcaldesa infringió primero la ley, fragmentando contratos para cubrir necesidades permanentes del consistorio, y después al ponerse de acuerdo con el empresario para que ambas facturasen las horas extraordinarias realizadas en el Ayuntamiento a la sociedad de éste , pese a que «nunca habían realizado servicios» para él.
Mar emitió dos facturas por importe de 1.590 euros cada una, al igual que Marta. Importes que, según indica el Ministerio público, Carles F.E. abonó a petición de Candini. Para compensar el pago, el Ayuntamiento acordó, a propuesta de la edil, adjudicar a dicha empresa otro contrato menor -15.000 euros-: el de la evaluación de la campaña turística, que a su vez, había elaborado otra mercantil de la que el mismo empresario era administrador único.
Un encargo a pesar de que la citada compañía carece de la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo. Es más, el domicilio fiscal de la misma coincide con el particular de su administrador, Carles F.E., que ni si quiera cuenta con «trabajadores propios».
Cuatro días después del encargo, el empresario emitió una factura al Ayuntamiento, que se abonó con el beneplácito de Candini sin que conste que este se hubiese realizado. El informe entregado a posteriori contiene consultas de los impactos de la campaña turística «de muy baja complejidad técnica y no requiere más que una jornada de trabajo pese a su elevado coste, superior incluso al de la elaboración de la campaña publicitaria ». Es decir, se pagaron 15.000 euros por un documento que se elaboró en hora y media.
Además, concluye la Fiscalía, fue elaborado por la misma mercantil que diseñó la campaña a evaluar. Por todo ello, el Ministerio público ha presentado una querella no solo contra la edil, sino también contra Carles F.E., Mar y Marta, al considerar que han incurrido en presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsificación de documento mercantil. El caso lo investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Arenys de Mar .
