Puigdemont y el Constitucional

La capacidad de sorprender del independentismo raya en el infinito. Véase, sino, la última ocurrencia de Carles Puigdemont: recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución de la Mesa del Parlament que le retiraba la posibilidad de delegar el voto en cumplimiento, por cierto, de una resolución del Supremo.

Aún conservo en la retina la fotografía que el mismo Puigdemont, como president de la Generalitat, difundió en las redes sociales. Hacía alarde del incumplimiento de hasta cinco requerimientos del Tribunal Constitucional en el contexto de los preparativos del 1-O. Un tribunal, el Constitucional, que el president consideraba carente de legitimidad y propio de sistemas no democráticos, como no se ha cansado de repetir en los foros internacionales a los que ha sido invitado. Y ahora, en un ejercicio de cinismo difícilmente superable, ha decidido pedirle amparo. Una petición sin sentido cuando parte, como en este caso, del no reconocimiento de la autoridad y legitimidad del Constitucional.

Sus despropósitos son tantos y tan variados que el recurso al TC habría pasado desapercibido si no fuera porque, además de exhibir una palmaria incoherencia, también proyecta otra realidad no menos preocupante: la desconfianza profunda existente entre los dos socios del gobierno de Cataluña. Recurrir una decisión de la Mesa supone recurrir una decisión auspiciada, alcanzada y bendecida por el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. Y si ello no fuera suficiente, contrariamente a lo que se había anunciado desde Waterloo, el presidente Torrent afirma que se enteró del recurso por los medios de comunicación.

Ignoro durante cuanto tiempo se puede sostener un gobierno sobre unas bases tan inestables y tan profundamente contradictorias. Intuyo que el poder que tienen en sus manos es una razón de peso para mantenerse unidos por encima de cualquier circunstancia. Pero lo que es indudable es que los dos socios de gobierno, mientras se miran de reojo y se hacen jugarretas, dejan de fijar su atención en los temas de los que se deberían ocupar y que preocupan al grueso de la ciudadanía catalana: el funcionamiento de la sanidad, atender a los más desfavorecidos ante los evidentes riesgos de exclusión o la necesidad de ser proactivos en la defensa y promoción de nuestros sectores productivos que, a fin de cuentas, generan la riqueza imprescindible para sostener los pilares del Estado del Bienestar. Pero no lo hacen. Nuestro gobierno, teledirigido desde Waterloo sigue empeñado en sus luchas intestinas -lo que supone un menosprecio flagrante de nuestras instituciones-. Deplorable.

Ramon Espadaler es secretario general de Units y diputado autonómico