Provocación

El nacionalismo catalán tiene un serio problema: es incapaz de provocar una reacción desproporcionada del Estado. Al respecto, no puede negarse que el independentismo, voluntarioso, se esfuerza. Que si unas elecciones plebiscitarias, que si un referendo disfrazado de proceso participativo, que si el incumplimiento sistemático de las resoluciones de los Altos Tribuales, que si el anuncio de una ley de transitoriedad jurídica para ir de la legalidad a la ilegalidad, que si la licitación para la compra de urnas del referéndum ilegal que planean. Y un largo etcétera. Y el Estado que se limita a recurrir –por presunta inconstitucionalidad o ilegalidad- ante los Tribunales. Solo eso. Al independentismo le gustaría que el Estado implementara el artículo 155 de la Constitución, o que utilizara la Ley de Seguridad Nacional, o que apelara al delito de sedición o conspiración para la sedición que contemplan los artículos 544 y 548 del Código Penal, o que tomara el mando de los Mossos para reprimir el “proceso”. Pero, no hay manera. El Estado y el Gobierno –lo dice el mismo nacionalismo catalán- no se mueven. Solo denuncian. Su gozo en un pozo.

Así las cosas, al independentismo –víctima de sus promesas y sus ficciones, presionado por las bases y los “comunes” colauistas- no le queda otra alternativa que publicitar las “garantías para un referéndum vinculante”. ¿Un referéndum ilegal puede tener garantías? No. ¿Un referéndum ilegal puede ser vinculante? No. En cualquier caso, el próximo martes es la cita. Sigue el espectáculo. Otra performance marca de la casa. ¿Qué pretenden con todo ello? En primer lugar, provocar por enésima vez al Estado para que reaccione y a ver si en esta ocasión hay suerte y se pasa de la raya. En segundo lugar, hacer ruido para que la fiel infantería “procesista” no se desmovilice. En tercer lugar, forzar el apoyo de los “comunes” y de los alcaldes socialistas –“Votaremos, aunque España no quiera”: ¡qué aburrimiento!- atrapados en el referéndum ilegal.