Podemos y la quiebra del sistema constitucional

Aun cuando es razonable pensar que las ofertas que va haciendo Podemos al partido socialista pretenden hacer imposible el acuerdo al plantear exigencias que ni un dirigente tan inconsistente como Pedro Sánchez puede aceptar, las declaraciones y documentos que generan los de Pablo Iglesias tienen la virtud de mostrar cuál es el fondo ideológico del partido morado.

Más allá de la expansión del gasto público para construir un Estado providencia (gasto que requiere del previo empobrecimiento de la sociedad con el establecimiento de una fiscalidad confiscatoria) o de la voluntad de poder que demuestra el interés en hacerse con los principales resortes del Estado (Ministerio del Interior, servicios de información, CNI, dirección de las Fuerzas Armadas...), el riesgo de una eventual participación de Podemos en el Gobierno viene dado por su modelo de organización del Estado. En efecto, el documento presentado la semana pasada revela la verdadera intención de Podemos: control de jueces y tribunales, politización de la Administración, debilitamiento de las instancias representativas frente a la voluntad de «la gente» (naturalmente interpretada por Iglesias, Errejón y compañía).

El proceso constituyente que pretenden poner en marcha evidencia que el lema «no nos representan» ocultaba una aceptación meramente táctica y circunstancial de nuestro sistema constitucional de libertades: de la mano de muchas personas que, hastiadas por la corrupción y el capitalismo de amiguetes de nuestras élites extractivas, querían sustituir a aquellos representantes que consideraban no servían al interés genertal, ha cobrado fuerza una opción política radical que impugna el propio sistema de representación, junto con los presupuestos en los que descansa: distinción Estado y Sociedad, ámbitos de libertad sustraídos al poder de la mayoría, Derecho no sólo como creación del poder sino también límite al mismo, protección de la propiedad en un sistema de economía social de mercado, etc.

Ahora bien, tan grave como el planteamiento político de fondo de Podemos es que haya una parte significativa de nuestros conciudadanos (sobre todo entre los más jóvenes) dispuesto a asumir ese modelo de Estado. Es cierto que la voluntad de la mayoría no determina la justicia del Derecho, pero debe recordarse que el Derecho más justo poco puede cuando de manera mayoritaria se pierde la convicción de esa justicia.

Aquí está el verdadero reto, que por eso tiene una dimensión educativa y cultural y no exclusivamente política. La defensa del orden constitucional requiere recordar continuamente las razones morales sobre las que descansa este modelo político: concordia nacional, limitación del poder político para que la persona pueda desplegar sus capacidades, solidaridad social, retribución del mérito... Eso sí, y ahí reside parte del drama que vive España en estos momentos, esto sólo es posible cuando la política sirve efectivamente al bien común y los dirigentes constituyen ejemplo de servicio.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho Constitucional.