Eva Parera - Tribuna Abierta
El pleno de la vergüenza
Haría bien el gobierno del Ayuntamiento en entender que la política, hoy, no admite equidistancias, sino que requiere valentía y convicciones
El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado esta semana un pleno extraordinario contra la Monarquía, a instancias de ERC y Junts per Catalunya. Cualquiera pensaría que la urgencia de convocar un pleno sería motivada por la actual crisis económica que atraviesa Barcelona, o por las dudas que genera la nefasta gestión de la vuelta al colegio, pero no. La urgencia, al parecer, es injuriar a la Corona, atacar al Gobierno central, y pedir la autodeterminación de Catalunya. En esto, los independentistas nunca defraudan.
De los partidos independentistas poco o nada podemos esperar en términos de sentido común, respeto por las instituciones y sentido de Estado. Pero, al parecer, del equipo de gobierno (Comuns/PSC) parece que tampoco.
La credibilidad de los políticos radica esencialmente en su capacidad de ser coherentes con aquello que defienden y dar cumplimiento a aquello que prometen; y esta coherencia es la que motivó nuestra decisión de no participar en un aquelarre independentista que sólo desprestigia la institución. El respeto a lo que significa el Salón de Plenos del Ayuntamiento debería presidir todas y cada una de las intervenciones de aquellos que tenemos la responsabilidad de ocupar un escaño en él.
Haría bien el gobierno del Ayuntamiento en entender que la política, hoy, no admite equidistancias, sino que requiere valentía y convicciones (tal y como demostramos en su investidura), dos virtudes que han brillado por su ausencia a la hora de defender la integridad de la institución. No podemos ampararnos en el argumento que todo es debatible porque no es cierto. Hay una línea muy fina entre el debate de las ideas y la legitimación del discurso antidemocrático, y cuando esa línea se traspasa con la complicidad de aquellos que gobiernan, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos.
PSC no dudó en abandonar el hemiciclo del Parlamento cuando, estando en la oposición, consideraron que el debate de las leyes de desconexión era una afrenta a la democracia y a la institución. ¿Dónde queda esa convicción ahora que gobiernan?
