País de oportunidades

Dos bombas mediáticas han estallado en el camino de Andorra hacia su homologación como país sin la etiqueta de paraíso fiscal: el caso Pujol y la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA). Los excesos de los gobiernos de Pujol en políticas en favor de su propia familia, han puesto en tela de juicio los convenios que Andorra firmó en 2011 para facilitar información sobre los clientes de sus bancos con procedimientos penales y tributarios abiertos.

El caso BPA ha tenido también efectos devastadores desde que la agencia del Tesoro estadounidense advirtió de supuestas prácticas de blanqueo de dinero de origen criminal. El gobierno andorrano quiere subastar la entidad a finales de este mes, después de crear un banco puente, al estilo del FROB español, y de encargar a la consultora estadounidense PwC el análisis de los saldos de las 20.000 cuentas y los datos de sus 32.000 titulares. Hasta el momento, no ha trascendido ninguna evidencia relacionada con la propuesta de resolución de la agencia del Tesoro de EEUU.

Pese al turismo y al comercio, Andorra siempre fue un país cerrado. Su apertura y homologación internacional se sustenta en un programa de reformas emprendido hace tres años. Además de establecer un IVA del 4,5%, que allí se denomina IGI (impuesto general indirecto), se aplica un impuesto de Sociedades del 10% con bonificaciones de hasta el 80% para sectores estratégicos, como las sociedades de explotación de intangibles, comercio internacional y gestión en inversión financiera. El nuevo marco fiscal andorrano se completó el año pasado con un laxo IRPF.

Este mes entrará en vigor el convenio con España para evitar la doble imposición, pared de carga sobre la que se sustenta una revolución fruto de la evolución del país de los Pirineos y que constituye una oportunidad de negocio a este lado de los Pirineos. También Andorra se perfila como puerta de entrada a Europa para compañías que constituyan sociedades holding en ese país sin necesidad de un socio local.

En competencia directa con Irlanda, Luxemburgo y Bulgaria, las 1.800 nuevas empresas que se han instalado desde 2012 en Andorra son la prueba palpable del atractivo de un país con baja tributación, que no es lo mismo que un paraíso fiscal, como ha subrayado Xavier Altimir, presidente de la Confederación Empresarial Andorrana, en el programa “Converses” de la Cope. Algunas de estas empresas están relacionadas con el sector sanitario y deportivo como extensión del turismo. Son compañías que, lejos de limitar su presencia a un mero buzón como hasta ahora, cumplen la exigencia legal de abrir un local de un mínimo de 25 metros cuadrados y tener un trabajador en plantilla.