Oportunidad tras el debate

La fallida investidura de Pedro Sánchez puede ser analizada desde diversas perspectivas: si se trataba de una propuesta realista o más bien una escenificación dirigida a asentar su liderazgo en el PSOE; si el programa pactado por Ciudadanos y el PSOE revela que la formación de Rivera vuelve a sus orígenes en la izquierda o trata de sustituir al PP en el centro derecha; si constituye el arranque de una nueva campaña electoral o es el preludio de un pacto previa sustitución de algunos líderes políticos... Todos estos planos merecen debate, y han sido comentados en los últimos días.

Sin embargo, hay una perspectiva que no ha sido suficientemente resaltada: por primera vez, la ausencia de una mayoría clara no ha conllevado, de manera automática, que la gobernabilidad pase por un partido nacionalista catalán.

En efecto, tanto en 1993 (con González), como en 1996 (con Aznar), o en 2004 y 2008 con (Rodríguez Zapatero) la ausencia de una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados era suplida con pactos de gobernabilidad en los que los nacionalistas catalanes daban apoyo a la formación que había ganado las elecciones permitiendo la formación del Gobierno. Ahora, en cambio, el nacionalismo catalán presente en las Cortes ha sido irrelevante en el debate de investidura, quedando su influencia limitada a una hipotética abstención en caso de pacto entre Podemos y el PSOE.

Este hecho permite que sean las fuerzas constitucionalistas las que den voz a los problemas de los catalanes, integrando la respuesta a los mismos en un pacto de gobierno de largo alcance. Es cierto que muchos de los problemas que asolan a los catalanes son comunes a los que viven el resto de españoles, pero debe reconocerse que hay problemas específicos, y que debería poderse atender a los mismos sin que suponga una cesión al nacionalismo. Es más, es precisamente la atención a esos problemas lo que puede servir para contrarrestar el nacionalismo: de una parte, porque algunos de esos problemas están causados por décadas de adueñamiento de las instituciones por parte de los nacionalistas; de otro, porque de ese modo se podría acabar con el victimismo que señala que todos nuestros malen vienen de «Madrid».

La situación política es muy complicada, pero puede ser abordada -sin peajes ni chantajes- por aquellos que, en teoría, quieren que siga existiendo España como comunidad política. Veremos si nuestros representantes pueden hacer, al menos por una vez, de la necesidad virtud.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho constitucional.