Una mujer uruguaya y su hija se atrincheran en el Consulado de Barcelona
La madre, con el apoyo del Gobierno de Uruguay, se niega a entregar a la menor al padre, que fue absuelto de una denuncia por malos tratos y abusos
Desde el pasado viernes, María, una madre uruguaya y su hija de ocho años permanecen encerradas en el Consulado de Uruguay en Barcelona para evitar entregar la niña a su padre, residente en Lérida.
La madre denunció al padre por presuntos maltratos y abusos sexuales a la menor, y se quedó con la niña en el país latinoamericano, por lo que el padre, que fue absuelto, la denunció por sustracción de la menor. El caso llegó a juicio y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Viella (Lérida) obligó a entregar la custodia al padre para el "mejor desarrollo emocional de la menor" , según el TSJC. Los psicólogos presentes en el juicio, describieron a la mujer como "alguien que interfiere en el vínculo con el padre, con una práctica nociva" para su hija, con personalidad paranoide y baja escala de sinceridad, mientras que del padre apuntaron que se mostraba angustiado por la situación y que estaba preparado para la paternidad.
Así pues, estaba previsto que la madre dejara la menor en el Consulado de Uruguay en Barcelona para que el padre la recogiera, hecho que no pudo ser posible y se ha tenido que aplazar indefinidamente, por oposición del propio cónsul . El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado en el que subrayó que están exentos de cumplir con la orden de entrega.
Los Mossos llevan vigilando el rellano del Consulado desde entonces, para llevarse a la niña en el momento en que alguna persona abandone el lugar con la menor, de acuerdo con la orden judicial.
La jueza Cristina Marrero ha instado a los Mossos a custodiar el edificio y entregar a la menor a su padre, junto con un equipo de psicólogos, en el momento en que la madre u otra persona en su representación salga del edificio, lo que podría alargarse sine díe.
La magistrada así lo ha dictado a instancias de un recurso de Fiscalía contra una providencia con la que establecía un nuevo lugar y una nueva fecha para llevar a cabo la entrega y en el que solicitaba intervención policial inmediata para ejecutar la sentencia.
Este desacuerdo entre la justicia española y Uruguay, ha originado una concentración de apoyo a la madre por parte del sindicato CC.OO frente el edificio.
El caso también ha desatado reacciones por redes como Twitter, en las que se comenta que "en el proceso judicial español fueron descartadas las pericias uruguayas, que hubieran probado el supuesto delito de agresión sexual a la menor", según apunta la Intersocial Feminista, o que la decisión judicial "basa su decisión en el SAP (Síndrome de Alienación Parental), un recurso no reconocido por ninguna asociación profesional ni científica", tal y como apunta la Fundació Àmbit Prevenció.
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