La Audiencia Nacional reclama a TV3 facturas del 'caso 3 por ciento'
El juez Santiago Pedraz emite 21 requerimientos para recabar documentación sobre Triacom, en relación a la presunta financiación ilegal de Convergència
La Audiencia Nacional avanza en su investigación sobre la presunta financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya ( CDC ). A través de una pieza separada del denominado 'caso 3 por ciento', el titular del Juzgado de Instrucción 5, Santiago Pedraz, ha solicitado este martes a TV3 documentación relativa a facturas, contratos o albaranes con la audiovisual Triacom , propiedad de Oriol Carbó -exgerente del ente público catalán- del periodo entre 2008 y 2016.
Y es que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que la mercantil, tal y como detalló este diario , ganaba concursos para producir programas en la televisión pública catalana y pactaba sobrecostes de los mismos. Un dinero que luego se habría traducido en mordidas para políticos o empresarios afines a CDC, entre los que estarían Oriol Pujol, Joan Manuel Parra González -administrador de Hispart S.A.-, o el durante años mano derecha de Artur Mas, David Madí . Con alguna de las cantidades presuntamente defraudadas también se habría sufragado la campaña electoral de Convergència en 2010.
En un auto fechado el pasado 29 de septiembre, Pedraz solicita documentación, entre otras, al gigante audiovisual Mediapro. En particular, los contratos relativos a la producción de 'Fish & Chips' y 'El Gran Dictat', programas producidos por la empresa de Jaume Roures, a su vez propietario el 10% de las acciones de Triacom .
En el marco de esta causa, el juez ha requerido desde albaranes de los trabajos para la construcción de platós, hasta la documentación que detalla los recursos humanos necesarios para el desarrollo de ambos espacios. Tal y como confirman desde Mediapro y TV3 a este diario, estas actuaciones no han sido entradas y registros de la Guardia Civil en sus sedes, sino requerimientos para que ambas compañías entreguen al instructor los documentos.
Financiación irregular de CDC
En total, el juez ha enviado 21 requerimientos a distintas entidades, entre las que también se encuentran la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que deberán aportar la documentación relativa a las subvenciones concedidas a la citada empresa. Entre esta veintena, también está DSAE Gabinet d'Advocats , a quien el instructor reclama facturación y albaranes sobre Triacom -como en todos los casos-, y demás documentación referida a Daniel Muñoz Carbonell.
La Audiencia Nacional investiga si altos cargos de CDC , en connivencia con funcionarios y empresarios «pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta». Para ello, conforme al relato judicial, «alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban 'donaciones' a fundaciones ligadas a Convergència».
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