Montilla y el dinero de los catalanes

En respuesta a Zapatero, el ex Presidente Montilla ha dicho esta semana que no basta con volver al estatuto de 2006 y que la solución al «problema catalán» pasa porque «se quede en Cataluña el dinero de los catalanes».

De entrada, no habría estado mal que esta preocupación por el dinero de los catalanes la tuviera cuando estuvo al frente del Gobierno de la Generalidad, pues habría bajado impuestos como hicieron en esa época otras Comunidades Autónomas. En todo caso, sorprende esta afirmación en alguien que ha tenido responsabilidades de gobierno, pues la lógica de la misma hace imposible la actuación pública: el dinero de los catalanes en Cataluña, el de los barceloneses en Barcelona, el de los habitantes de Pedralbes en Pedralbes y, en última instancia, el de cada uno en su cuenta bancaria. Evidentemente, de aplicar a rajatabla la doctrina del Churchill de Iznájar desaparecería el sistema fiscal y el propio poder público.

Sorprende también que a estas alturas del debate haya alguien que desconozca que la cuestión fiscal y el supuesto déficit que padece Cataluña no es más que una argumentación dirigida a generar una suerte de nacionalismo económico y así ganar para la causa del separatismo a quienes no asumían el nacionalismo cultural de base lingüística. En efecto, la delimitación de la unidad en la que se predica la solidaridad (esto es, señalar quién aporta y quién debe recibir) con su correspondiente traslación al plano jurídico político esconde una creación de un nuevo sujeto político. No son los catalanes quienes aportan (pues descubiríamos que como en cualquier región de España hay quienes aportan más de lo que reciben en forma de servicios públicos, pero también a la inversa), sino un Cataluña, de la que se predica la soberanía fiscal como paso para construir la soberanía política.

En último término, lo que no sorprende a la vista de la trayectoria política de Montilla es su incapacidad para centrar el debate en sus justos términos. Cuando se habla del reparto de recursos públicos entre varios niveles administrativos, la manera racional de afrontar el problema consiste en decidir, en primer término, de qué debe ocuparse cada Administración, para atribuir los recursos en función precisamente de las tareas públicas a desarrollar.

Consistiendo el Estado en una unidad política de acción, esto es, de una instancia en la que se da forma a la acción común (protegiendo derechos y garantizando servicios a los conciudadanos), es preciso señalar qué debe realizarse a escala nacional, qué puede resolverse mejor en instancias regionales, y qué debe corresponder a la administración local, pegada a los ciudadanos (con los pros y contras que esto comporta).

Este método no permite únicamente racionalizar el debate, sino que evita dotar al Estado de una sustancia esencialista que, como muestra el siglo XX europeo, tiene un efecto letal sobre las libertades.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Abat Oliba.