De la moción a la censura

En Cataluña, los aficionados a los toros saben mucho de mociones y también de censura. Así, por separado, que no hacen falta uniones ni alianzas para saber cómo ha sido el proceso que llevó al cierre de las plazas de toros. La censura fue constante durante años en forma de medidas que minaron la libertad de los aficionados con acciones encaminadas a desterrar de esta tierra una tradición y una cultura que por decreto se consideró ajena a la Cataluña feliz.

Se creó el campo de cultivo idóneo para que surgieran las mociones. Primero, aquella del Ayuntamiento de Barcelona con la declaración de ciudad antitaurina, y a partir de ese momento el Parlament fue el campo de batalla. Mociones y debates sesgados dieron paso a la votación de julio de 2010. Y mientras se cerraba la Monumental, la censura seguía. Se prohibieron incluso imágenes publicitarias por el mero hecho de que en ellas apareciera un torero.

Pasaron los años, hasta seis, para que el Tribunal Constitucional sentenciara que aquella prohibición no se ajustaba a derecho. Parecía que el camino se abría para recuperar la libertad cercenada de los aficionados. Pero entonces, lo que apareció fue la autocensura en forma de cauteloso miedo por parte de quien tenía las armas para vencer. La misma empresa que ha mantenido la plaza de Barcelona en perfecto estado de revista dio un paso atrás cuando la ley se ponía de su parte. De nuevo la censura, quién sabe si por unas monedas. Por ese millón de euros que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sentenciado que debe pagar la Generalitat al dueño del coso de la Ciudad Condal, y que abre la espita para que los profesionales taurinos reclamen las pérdidas que le han podido causar la prohibición de las corridas de toros.

Ya no hay ley que prohiba, aunque la censura se mantiene.