Vivienda

CATALUÑA tiene un problema: el 42 % de las okupaciones en España se localizan en la región catalana. Mayoritariamente, en Barcelona. El total de okupaciones -los datos varían según la fuente- estaría alrededor de los 8.000 espacios. El detalle: el incremento anual de okupaciones sería del 9, 6 %.

Sorprende que en Barcelona, tras siete años de mandato de Ada Colau -que llega a la política y la alcaldía impulsada por su militancia en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)-, la escasez de vivienda social sea hoy la misma que ayer. O peor. Sorprende que, estando como está la vivienda en Barcelona, la alcaldesa invierta el 10 por ciento del Presupuesto extraordinario en el urbanismo táctico. Sorprende que, habida cuenta del «drama de la vivienda y sus consecuencias», la mayor inversión del Ayuntamiento de Barcelona se la lleve el tranvía. Sorprende que la alcaldesa ponga trabas -la cuota del 30 por ciento de vivienda social por edificio- a una iniciativa privada que también podría facilitar vivienda social si se le diera la oportunidad para ello. Sorprenden los solares propiedad del Ayuntamiento de Barcelona que continúan aún hoy sin edificar. Sorprende que en una ciudad como Barcelona, gobernada durante décadas por la izquierda, la tasa de vivienda social sea del 2,5 por ciento cuando la media europea es del 9,3 por ciento. Sorprende que se confíe, después de siete años de mandato, en los milagrosos fondos europeos.

Sorprende que algunos eludan su responsabilidad parapetándose en la inacción del Estado y en las resoluciones judiciales. Cierto es que la Constitución afirma que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», pero también es cierto que el Estado no es una empresa constructora. Como también es cierto que «se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia» y que existe el tipo penal de «usurpación de vivienda». Lo que no sorprende es que Ada Colau se exculpe atribuyendo la culpa a los llamados fondos buitres.