Lenguas

La intención del Gobierno de excluir el castellano como lengua vehicular en Cataluña -lo mismo ocurre en otras Comunidades Autónomas- recibe el visto bueno, no solo de los leguleyos de turno que se empeñan en decir que aquí no pasa nada, sino también de un nacionalismo catalán que aduce que, de lo contario, la lengua catalana desaparecería del mapa lingüístico en Cataluña. Ello no es cierto si tenemos en cuenta tres cosas. En primer lugar, hay que decir que, en el mejor de los casos para el uso vehicular del castellano, de acuerdo con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (del 30 de enero de 2014), solo el 25 por ciento de las materias escolares deberían impartirse en dicha lengua. En segundo lugar, como consecuencia de lo dicho, no se puede predicar la desaparición de la lengua catalana cuando resulta que el 75 por ciento de las materias escolares se imparten en lengua catalana al tiempo que se sanciona a quienes no rotulan en catalán y la Administración catalana y otras entidades únicamente usan esa lengua. Finalmente, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la Generalitat de Cataluña, desde 1994, incumple de forma reiterada y sistemática las resoluciones de los Altos Tribunales y margina la lengua castellana como vehicular en el aula. Esto es, ni se margina, ni se arrincona, ni se reprime la lengua catalana. Lo contrario es cierto.

Llegados a este punto, cabe preguntar el porqué de la queja ante quienes reclaman algo tan elemental como el cumplimiento de la Ley y el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos en la escuela. ¿Qué ocurre aquí? El nacionalismo catalán necesita victimizarse para sobrevivir. Sin el enemigo exterior que -además del expolio fiscal, la laminación de la cultura propia y la represión de los derechos inalienables de la nación catalana- impone una lengua extranjera o impropia, amenazando así la identidad catalana, el nacionalismo catalán no es nada. Pues eso, nada. Por mucho que alcen la voz. En castellano, por supuesto.