Inmunidad

Pere Aragonès -además de un encuentro de presidente a presidente con Pedro Sánchez- exige explicaciones, responsabilidades y dimisiones. Aragonès, al igual que el independentismo, exige la inmunidad. Aragonès no puede ser investigado por ser quien es: presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo mismo ocurre con el independentismo: el nacionalismo no se toca. Tanto da que la investigación esté autorizada por la Justicia o que el independentismo tenga una larga historia -incumplimiento de la legalidad constitucional y de las resoluciones de los tribunales, golpe a la democracia y al Estado de derecho o violencia callejera- de deslealtades. No han hecho nada. Inocentes por definición. Por eso no se les puede investigar. Quien lo haga persigue ideas y comete un delito. El independentismo está fuera de toda sospecha. De ahí, que el independentista exija inmunidad. Intocables e inviolables.

¿El delito de sedición y malversación con sentencia firme? El Tribunal Supremo persigue ideas y el Estado continúa con la represión, aseguran. España no es de fiar, dicen. Y el caso es que Sánchez los indulta por «utilidad pública» (?) a cambio de un equilibrio político inestable que se caracteriza por la amenaza o el chantaje. ¿La desclasificación de algunos documentos del CNI y la reanudación de una mesa de diálogo que justifica la política 'moderada' de ERC, y enoja a Junts, una vez cesada la directora del CNI? Insaciables.

La inmunidad que Sánchez ha concedido -oportunismo político- al independentismo tiene sus costes. La inmunidad -además de poner una soga en el cuello de Sánchez: él la ha buscado sin pausa y con prisa- merma la credibilidad del Estado, desgasta y deteriora las instituciones, desprestigia y desestabiliza el Gobierno, agujerea el CNI, implementa un conflicto de alcance indeterminado y facilita aún la victimización independentista. Sánchez depende de una ERC que siempre cobra -ya sea en metálico o en especies- su factura.