Desafío

El asunto de los avales y contraavales escenificado por el independentismo catalán para hacer frente a las posibles deudas pendientes -seamos generosos con la calificación de los hechos: supuesta mala administración de los recursos públicos en benefició del ‘procés’- con el Tribunal de Cuentas del Estado, no es sino un desafío. Por mejor decir, un triple desafío: al Estado, al Gobierno y las propias instituciones catalanas.

El independentismo desafía al Estado cuando se encara al Tribunal de Cuentas y lo descalifica -dice- por su parcialidad manifiesta. Y el caso es que el desafío quizá tenga algún efecto si consideramos que el Tribunal de Cuentas, antes de decidir el asunto de los avales y contraavales del Instituto Catalán de Finanzas que establece el decreto ley de la Generalitat de Cataluña, solicita la opinión de la Abogacía del Estado.

¿De quién depende la Abogacía del Estado? Del Gobierno. Así las cosas, ¿mantendrá el Tribunal de Cuentas sus dudas sobre legalidad de la maniobra de la Generalitat? El Tribunal de Cuentas, ¿se rebelará -si es el caso- contra un Gobierno empeñado en dar concesión tras concesión al independentismo? En otros términos, ¿funcionará el desafío y/o presión que el independentismo ejerce sobre el Estado?

El desafío -la presión que no cesa desde las altas instancias de la Generalitat- se dirige también a las instituciones catalanas. De momento, el Instituto de Finanzas de Cataluña ya ha cedido -con tres dimisiones que dignifican a sus protagonistas- al malabarismo jurídico y económico de la Generalitat. El Consejo de Garantías Estatutarias -la institución jurídica y consultiva de la Generalitat que goza de autonomía orgánica y funcional-, dictamina a favor de dicho malabarismo político y contable.

Ahí tienen ustedes el gran desafío que el Govern de la Generalitat se hace sí mismo: ¿cómo es posible que la Generalitat de Cataluña -víctima de la mala administración de los recursos públicos- avale a quien la esquilma, exprime y empobrece?