Clientelismo

Sorprende que un gobierno de derechas como el de la Generalitat -no lo duden, ERC también es de derechas- arremeta contra la propiedad privada. Ahí está la ley que limita el precio de los alquileres en aquellas zonas de «mercado de vivienda tenso» en las que la Generalitat fijará el precio máximo del susodicho alquiler. Una ley que, según el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, podría vulnerar el Estatuto y la Constitución. A ellos -acostumbrados a vulnerar la legalidad-, les da igual. E, incluso, les conviene que la ley sea recurrida ante el Tribunal Constitucional y suspendida cautelarmente: otro ataque del Estado contra Cataluña. Algo semejante ocurre con el decreto de la Generalitat que rebaja a la mitad el alquiler de los locales que, por culpa de las medidas contra la Covid-19, han de suspender su actividad. Así «se distribuye el coste económico de las medidas para frenar la pandemia», reza el decreto que genera inseguridad jurídica y es de dudosa constitucionalidad. Por cierto, en uno y otro caso, ¿se implementarán ayudas para socorrer a los propietarios que viven del alquiler de sus pisos y sus locales?

No niego la buena fe de la Generalitat. Pero, en la ley y el decreto se percibe el menosprecio por la propiedad privada. No es una casualidad que el gobierno cuente con el apoyo de los comunes y la CUP. Ya lo dijo Proudhon, la propiedad «es un robo». Hay algo más: la vuelta -¿otra casualidad?- de la política franquista de la vivienda que, en la Ley de Bases de Arrendamientos Urbanos -tres leyes con sus textos articulados: 1947, 1956 y 1965- determinaba la congelación de las rentas de alquiler. Resultado: inseguridad jurídica, desfase del mercado de alquileres, reducción de los pisos o locales en alquiler, y la pérdida de la capacidad de disponer de la propiedad. Ocurrió ayer y ocurrirá hoy. Todo ello, ¿por qué? Clientelismo puro y duro. Si el franquismo buscaba legitimar el Régimen a través de la vivienda, la Generalitat busca votos para consolidar su gobierno.