Más quejas

Con un «proceso» estancado y próximo al colapso –el nacionalismo catalán ha descubierto que el Estado existe y parece haber asumido que el plebiscito se perdió y el futuro no augura nada bueno para sus intereses-, el independentismo se ha instalado en el victimismo social. En palabras de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat: «el conflicto no es solo político, sino entre el Estado y la gente». El argumentario: si en Cataluña existe pobreza energética, si hay desahucios y problemas de vivienda, si las personas vulnerables y con pocos recursos no pueden ser atendidos, si en Cataluña ocurre eso, el culpable es el Estado. Un Estado que, vía recursos ante el Tribunal Constitucional, pone trabas y más trabas a la política social de la Generalitat. Por culpa del Estado, no podemos «coordinar la respuesta que hemos de dar como país, como pueblo y como sociedad» (Carles Puigdemont). Una respuesta que “la gente espera y estamos en condiciones de dar”. El resultado: «efectos muy perjudiciales». Frente a ello, la «unidad del pueblo catalán».

Ante el victimismo social –admitamos que el nacionalismo ha hecho bien su trabajo: España contra el «país», el «pueblo» y la «sociedad» que solo podrá defenderse gracias a la «unidad del pueblo catalán» liderada por el nacionalismo-, a uno se le ocurren preguntas. ¿Y si el conflicto no fuera social, sino político? ¿Por qué el nacionalismo se empeña en aprobar leyes con claros indicios de inconstitucionalidad que sabe que serán recurridas? ¿Quizá busca el recurso de inconstitucionalidad para sacar réditos victimistas del mismo? ¿Por qué no desarrollar y aplicar la parte no recurrida de las leyes y negociar y pactar el resto con el gobierno del Estado? Sin el victimismo social, la pobreza realmente existente en Cataluña podría atenuarse. Pero, ello -el consenso y el pacto en el marco de la legalidad- implicaría la negación –de facto y de iure- del dichoso «proceso». Desaparecido el enemigo, ¿qué le queda al nacionalismo catalán? Nada.