Más de 1.200 personas han sido afectadas por desahucios en las últimas seis semanas en Barcelona
La Generalitat suspenderá durante el estado de alarma todo desalojo de un gran tenedor si no ofrece una alternativa habitacional a los implicados
Más de 1.200 personas, entre ellas 463 menores de edad, se han visto afectados por 443 desahucios llevados a cabo en las últimas seis semanas en Barcelona. Las cifras, explicadas a modo de denuncia por la concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, llegan el mismo día en que la Generalitat ha aprobado un decreto que suspende los desahucios de grandes tenedores durante el estado de alarma por el Covid, a no ser que se ofrezca como alternativa un alquiler social.
La propuesta también llega días después del sonado caso que afectó a Ruth, una madre con tres hijos menores de edad , del barrio de Ciutat Meridiana que fue desalojada a última hora del día por los Mossos d'Esquadra. Al día siguiente, el gobierno municipal mostró su indignación con el caso y pidió explicaciones a la Generalitat por el desahucio y la presión derivó en que la entidad financiera propietaria del piso, BBVA, acabó cediendo y permitió a la familia volver a la vivienda hasta que el Consistorio pueda darle una solución.
Este martes, Martín ha remarcado que el 80 por ciento de las familias afectadas por los 443 desahucios instados desde el pasado 14 de septiembre tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno municipal ha elaborado un informe con estos datos y lo ha mandado al Ejecutivo central para exigirle que intervenga ante estos casos y fuerce una moratoria de desalojos en época Covid para las familias más vulnerables.
Nuevo decreto Ley
En este contexto, el Govern ha aprobado precisamente hoy en el Consell Executiu un decreto ley especial para tiempos Covid que refuerza la normativa para evitar los desahucios y da más garantías para que los grandes tenedores de vivienda tengan que ofrecer alquileres sociales a las personas vulnerables, algo a lo que la ley ya obliga pero que a menudo se incumple.
La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que este decreto «quiere asegurar que las personas con riesgo de exclusión residencial puedan quedarse en su domicilio» mientras dure el estado de alarma , y ha añadido que no afecta a los inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores.
A modo de resumen, el decreto también interrumpirá los desahucios de personas que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad .
