Manel Montero - Tribuna abierta
La ley de cambio climático
«Desde el sector vemos claro que la ley no recoge la realidad socioeconómica ni la capacidad de infraestructuras que tiene el país para afrontar una movilidad más sostenible con la huella verde»
El pasado 20 de mayo el Congreso de los Diputados de España aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Esta ley, necesaria para combatir los estragos del cambio climático, ha levantado voces por su contenido poco realista teniendo en cuenta la realidad del sector automovilístico.
La ley responde al compromiso de España con la Unión Europea, en el marco de la estrategia de neutralidad de emisiones en 2050 presentada por la Comisión en 2018. Esta estrategia se enmarca a su vez en los Acuerdos de París, firmados en 2016, y que establecían el compromiso de los países firmantes para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados.
La ley, por lo tanto, es ineludible para España, cuyo Gobierno asegura que se financiará con dinero proveniente de los fondos europeos de recuperación y que establece una serie de metas, como la reducción de gases de efecto invernadero y potenciación de las energías renovables. El Gobierno de España tenía el reto de adaptar estos objetivos climáticos a un escenario realista y en consecuencia con la realidad socioeconómica del país: la realidad es una ley que no solo no se adapta a esto, sino que es poco ambiciosa.
Uno de los puntos fuertes de esta ley es la estrategia de movilidad, que se basa en un cambio del vehículo de combustión, que representó, según el Ministerio de Transición Ecológica, el 30% de las emisiones de CO2 en 2019, por el vehículo eléctrico. Así, la normativa prevé que para 2040 no se puedan vender vehículos particulares que emitan CO2 y que para 2050 sólo existan vehículos eléctricos.
La ley intenta ofrecer a los futuros usuarios de movilidad eléctrica un sistema de red de puntos muy amplio, un objetivo definido con buena intención pero que no podría estar más lejos de la realidad que configura el parqué automovilístico español. Las ventas de vehículos 100% eléctricos no están alcanzando ni mucho menos los mínimos, para conseguir a tiempo los objetivos que pretende la ley de cambio climático, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para impulsar la compra.
Se podría decir que este argumento cae en la paradoja del huevo o la gallina. ¿No hay coches eléctricos porque no hay puntos de recarga o es al revés? Con el objetivo de que este nuevo parque automovilístico tenga las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, la ley establece la necesidad de disponer de puntos de recarga de coches eléctricos en las gasolineras.
Esto afecta a corto plazo (21 meses) a aquellas estaciones que hayan vendido más de 10 millones de litros anuales de combustible agregado en el 2019, estarán obligadas a instalar un cargador de 150kW antes de esa fecha. Una vez más, la ley choca de bruces con la realidad: las estaciones de servicio que venden tanto normalmente son estaciones de camiones y no de turismos, por lo que se está obligando a poner puntos de carga a corto plazo sin un criterio efectivo.
Por otro lado, las estaciones que vendieron en 2019 entre 5 y 10 millones de litros, deberán instalar un cargador de 50kW en un plazo de 27 meses y las nuevas estaciones tendrán que incluirlo obligatoriamente.
Además, esta inversión correrá a cargo de los vendedores de gasoil. La ley nos obliga a realizar este desembolso para dar un servicio a clientes que aun no existen, o bien nos fuerza a ceder el espacio a compañías comercializadoras de luz para que den ellos el servicio. A cambio, el gasolinero no gana prácticamente nada por esta cesión.
No hay que olvidar que debemos hacer frente a esto en una situación de pandemia: en poco tiempo y en una época de “vacas flacas”. Como consecuencia de la Covid-19, hemos tenido una caída del 20% en las ventas y en la época de confinamiento, donde estábamos abiertos por cumplir una actividad esencial, hemos tenido caídas de hasta el 90%.
En definitiva, desde el sector vemos claro que la ley no recoge la realidad socioeconómica ni la capacidad de infraestructuras que tiene el país para afrontar una movilidad más sostenible con la huella verde. Y partimos de la base de que esta nueva movilidad es necesaria. Precisamente por eso necesitamos unas políticas públicas a la altura. Nuevamente el Gobierno realiza una norma que deja descontentos a todos.
Manel Montero es abogado y director general de Grupo Moure
