La madre de un joven con discapacidad sienta en el banquillo a los responsables de un club cannábico
La Fiscalía pide siete años de prisión para el presidente, el secretario y el tesorero de la entidad por tráfico de drogas y asociación ilícita
En agosto de 2018, un joven con discapacidad intelectual compró marihuana en un club cannábico de Cornellá de Llobregat (Barcelona). Llevaba dos años adquiriendo la droga en el mismo local , hasta que ese mes su madre denunció ante los Mossos d'Esquadra que la asociación traficaba con drogas.
Así comenzó la investigación que se saldó con la detención de sus tres responsables: el presidente, el secretario y el tesorero, acusados de delitos contra la salud pública y asociación ilícita. Se trata de la Associació Cultural Cannábica Santa María ACCSM , inscrita en el registro de la Generalitat.
Para constituirse legalmente, sus responsables hicieron constar en los estatutos que su objeto eran actividades culturales de estudio, reflexión y divulgación del uso del cannabis y sus propiedades naturales , así como el cultivo para uso medicinal. En ningún caso, su venta y consumo indiscriminado.
A pesar de ello, el local, ubicado en la carretera de Esplugues, se utilizó para la « venta indiscriminada de marihuana y hachís » durante años, según indica el escrito de calificación de la Fiscalía. Allí acudían a diario consumidores para «proveerse» de la droga .
Para ocultar la actividad ilegal, los compradores se hacían socios de la asociación y abonaban las perceptivas cuotas, mientras que sus responsables adquirían la marihuana a terceros y la vendían en cantidades «ingentes ». Según el relato del Ministerio público, abastecían a 7.515 personas.
Siete años de cárcel
El local contaba con una pantalla de televisión en la que informaba de los diferentes tipo de marihuana y hachís disponibles para adquirir allí. Durante el registro en las instalaciones, la policía localizó más de tres kilos de la droga, en su mayoría, en una caja fuerte .
Los ingresos del club, en poco más de un año, ascendieron a más de 52.000 euros ; entre transferencias y pagos con tarjeta de los compradores. Por todo ello, sus tres responsables se sentarán la próxima semana en el banquillo de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía pide para ellos siete años de cárcel por delitos contra la salud pública y asociación ilícita; así como una multa de 42.000 euros.
Noticias relacionadas
