El TC levanta la suspensión del impuesto a las operadoras de Adsl

El Gobierno había recurrido la tasa para financiar el audiovisual catalán

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell INÉS BAUCELLS

ABC. ES

El mismo día que el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, anunciaba la creación de una reserva presupuestaria de 10,25 millones para compensar los ingresos que el Govern esperaba recaudar con la tasa a los proveedores de contenidos de Internet que suspendió el Tribunal Constitucional (TC), el Alto Tribunal notificó ayer que levanta la suspensión de los preceptos impugnados, según informó ayer el Gobierno catalán.

De este modo, el TC deja sin efecto la suspensión cautelar de la aplicación del impuesto aduciendo que el número limitado de operadores afectados por el impuesto, en el hipotético caso de que se considerara que se da una doble imposición, hace posible la identificación de los afectados y la devolución de las cantidades recaudadas. Además, el TC también reconoce la «escasa incidencia» que el impuesto representa en el volumen de negocio de los operadores digitales. En este sentido, el Alto Tribunal cifra en 6.425,65 millones de euros el negocio de las operadoras en 2013, mientras que la recaudación del impuesto sería de 24 millones, según cálculos del Estado.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, expresó ayer su «satisfacción por el levantamiento de la suspensión de la aplicación del impuesto, puesto que todos los argumentos del Constitucional ratifican el argumentario legal de la Generalitat». «Es una buena noticia para el mundo del cine, ya que continuaremos trabajando en beneficio de este sector y de la producción audiovisual», añadió el conseller de Cultura.

La decisión llega justo un año después de que el Parlament aprobase un impuesto anual de 0,25 euros a cada contrato de conexión a internet para financiar el audiovisual catalán. Según los cálculos del Gobierno catalán, la medida permitiría recaudar cerca de 20 millones de euros que servirían para financiar el sector audiovisual, pero su aplicación quedó congelada el pasado mes de septiembre, después de que el TC la suspendiese cautelarmente tras admitir a trámite un recurso del Gobierno. Hasta ese momento, la Generalitat ya había recaudado unos 7 millones de euros.

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