Legalizar el delito

Ayer el Ayuntamiento de Barcelona que dirige la alcaldesa Colau, anunciaba que ayudará a los manteros en situación irregular que residen en la ciudad a regularizar su situación en España a través de unos nuevos planes de formación y empleo, para que estos puedan tener una oferta de trabajo y solicitar la residencia.

Una conclusión tomada en la Mesa de Abordaje de la Venta ambulante en la Calle, reuniones en las que el Partido Popular no ha participado por considerarlo un menosprecio a los comerciantes. El resumen es que el Ayuntamiento no se compromete a luchar con contundencia contra el top manta y además piensa legalizar aquellos que cometen un delito como es vender de forma irregular en plena calle.

Además el Ayuntamiento pretende una regularización con mucha confusión, ya que se habla de otorgar a los manteros tarjetas de residencia, crear mercados sociales, elaborar censos y planes de formación, llegando hasta proponer la creación de una cooperativa de venta ambulante, cuando estamos hablando de una actividad que es ilegal y un delito que se contempla en el Código Penal. Cuando lo que se debería hacer es multar a los manteros que ejercen la venta ambulante ilegal en plena calle, levantando infracciones administrativas cada vez que se detecte un caso, ya que el top manta debe estar doblemente perseguido por tratarse de una actividad ilícita contemplada en el Código Penal y también por ser una infracción de la Ordenanza de Civismo.

Colau, como alcaldesa y máxima responsable de seguridad, no hace un discurso claro sobre este tema para romper cualquier efecto llamada e impedir la impunidad de aquellos que no respetan leyes y las ordenanzas. Además la actitud de la alcaldesa perjudica a la imagen de Barcelona y al comercio que paga impuestos y genera empleo.

De la misma forma que cualquier barcelonés observa el top manta en las diferentes calles de Barcelona o en el metro, los cuerpos policiales deben controlar las posibles zonas conflictivas y actuar. Por eso, es necesario que Guardia Urbana y Mossos tengan pleno respaldo de Ayuntamiento y Generalitat para actuar en contra de esta actividad. Se necesita un nuevo convenio de colaboración en materia de seguridad entre ambos cuerpos policiales, ya que el actual caducó en 2015.

Lamentablemente la tolerancia de Colau ha convertido algunas calles de Barcelona, como La Rambla, en franquicias del ‘top manta’ una actividad ilegal sin licencia, dónde además es notoria la venta de productos falsificados, caso por el que también se podría hablar de omisión de persecución de delito por parte de Colau. Frente al desgobierno la alcaldesa Colau, queremos expresar todo nuestro apoyo a la Guardia Urbana, para garantizar la convivencia y hacer cumplir las ordenanzas.

Alberto Fernández es presidente del grupo municipal del PP en Barcelona.