Vía Layetana: el independentismo redobla el acoso vía Presupuestos

Ocurrió días antes de que Esquerra Republicana (ERC) anunciase su apoyo a los Presupuestos. Una de sus diputadas, Montserrat Bassa, tildó de «salvajes» a los agentes de la Policía Nacional. «Les tenemos asco y aversión , queremos que se vayan. Fuera las fuerzas de ocupación», vociferó en el Congreso la hermana de Dolors Bassa, condenada por el 1-O .

Precisamente, el hostigamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña se recrudeció tras la celebración del referéndum ilegal, cuando agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil trataron de impedir la votación. Esta actuación cosechó la ira de los independentistas, cuyo señalamiento llevó a algunos agentes a comparar el clima de hostilidad con épocas pasadas. «No queremos otro País Vasco en España», advirtieron entonces. Tras la condena a los líderes del 'procés', en octubre de 2019 , el epicentro de los disturbios fue la Jefatura de Policía en la Vía Layetana de Barcelona. Los graves altercados se saldaron con decenas de uniformados heridos. Entre ellos, Iván, un antidisturbio ahora incapacitado por la grave lesión que sufrió tras recibir un impacto que le reventó el casco. En este contexto, el citado edificio se convirtió en una suerte de símbolo. Para los soberanistas representa al 'Estado opresor' y para los agentes, un bastión, cuyo abandono sería interpretado como una cesión al separatismo.

Durante la negociación entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar las cuentas, el edificio fue moneda de cambio , pero el resultado final se aleja del discurso triunfalista de Gabriel Rufián, que anunció la retirada de la partida de dos millones de euros para su reforma , con un «olvídense, no se hará». Las obras, «relacionadas con la climatización y mejora de la eficiencia energética, continúan», señalan desde el Ministerio del Interior a ABC. La previsión es que finalicen en el primer trimestre de 2022. Es más, la partida para Layetana, que contemplaba una inversión de dos millones de euros para el próximo año, se destinará a reformar diferentes «infraestructuras policiales» que dependen de la Comisaría Provincial de Barcelona.

«Por el ambiente de hostilidad, ya cuesta que los compañeros quieran venir a trabajar a Cataluña, y los que están aquí tienen derecho a poder hacerlo en condiciones», reprocha Rocío Caballero, de la Confederación Española de Policía (CEP). Las obras en curso se financian con una partida de anteriores Presupuestos, lo que significa que ERC ha fracasado, de momento, en sus pretensiones. Y es que los republicanos reclamaron a Interior la cesión de la titularidad del edificio, que pretenden convertir en un museo de la represión franquista, ya que durante la dictadura albergó la sede de la Brigada-Político Social. La supuesta expulsión ha sido un escenario que los uniformados han temido en varias ocasiones, pese a que la cartera que dirige Grande-Marlaska siempre lo ha descartado. Sin ir más lejos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, subrayó durante un acto en Barcelona que dichas dependencias eran un «símbolo de servicio público», tratando así de apaciguar los ánimos de los agentes, temerosos de que la cesión se materializase. La exigencia de ERC también quedó fuera del orden del día de la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que Marlaska autorizó ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra. Preguntado por la cuestión, el consejero catalán de Interior señaló que se abordaría en la Mesa de Diálogo.

«Es positivo que no se haya producido la cesión, que es lo que realmente querían» los independentistas, valora Luis Mansilla, secretario general del SUP en Cataluña. Aun así, critica que suprimir la partida presupuestaria del próximo año irá en detrimento de todos los que trabajan en la Jefatura. «Son decisiones políticas y las tenemos que acatar, pero no es normal que seamos moneda de cambio entre gobiernos. Nos parece algo aberrante», censura.