La Justicia tumba la Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona por falta de informes y exceso de restricciones
El TSJC también considera que la ordenanza que regula el paso de vehículos contaminantes por el centro de la ciudad tuvo deficiencias en su elaboración
Qué son las Zonas de Bajas Emisiones y a qué ciudades llegarán
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado las demandas (diez demandantes en seis autos) que había recibido de colectivos transportistas y ha anulado la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del área de Barcelona, una de las que primero se implantó en España y con la que se quería combatir la contaminación ambiental en la ciudad. La medida, que el gobierno de Ada Colau puso en marcha en 2020 no sin polémica, sobre todo entre el sector transportista, no está lo suficientemente justificada por el Ayuntamiento, según apunta el TSJC.
En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC considera la «falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados», entre otros motivos. También señala que la normativa, que ha obligado a muchos ciudadanos a replantearse su movilidad habitual y ha afectado duramente a empleados que requieren de vehículo para su trabajo, tuvo deficiencias en su elaboración.
Aunque la Justicia ha anulado la regulación, las partes afectadas tienen 10 días para recurrir las sentencias ante el Tribunal Supremo. Si nadie recurre la decisión, será entonces, una vez sean firmes la seis sentencias, cuando entre en vigor la anulación de la ZBE de Barcelona. Si el Ayuntamiento recurre al Supremo, la norma seguirá en vigor hasta que el Supremo declare la sentencia firme. Mientras no recurra el Consistorio en casación, sin embargo, alguna de las asociaciones afectadas podría pedir al TSJC la ejecución de las sentencias. Entonces, el tribunal autonómico tendría que decidir si deja sin efecto la ZBE.
Las entidades o colectivos que han ganado el pulso al Ayuntamiento, al menos de manera provisional, son, entre otros, la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav), el Gremio Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Automóviles y la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte.
En la sentencias, consultadas por ABC, los magistrados destacan especialmente «la ausencia de análisis de las alternativas menos restrictivas, fueran territoriales, fueran de alternancia de las restricciones, de fomento del uso compartido de vehículos u otras» y que los documentos aportados por el Consistorio no justifican suficiente la medida adoptada.
La ordenanza municipal se aprobó a finales de 2019 para que la ZBE se activase el 1 de enero de 2020 y es la normativa que regula la restricción de vehículos contaminantes en prácticamente toda la ciudad, en una área de más de 95 kilómetros cuadrados limitada por las rondas. Los vehículos que carecen de etiqueta ambiental tienen el paso restringido todos los días laborables entre 7 y 20 horas.
Al poco de conocer la decisión del TSJC, el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, ha recordado que la ZBE sigue en vigor: «Si algún coche sin etiqueta accede mañana a Barcelona fuera del horario limitado, será multado como hasta ahora». Desde el Ayuntamiento de Barcelona han trasladado su «sorpresa y perplejidad» por las sentencias. « Mientras los tribunales europeos nos alertan de que incumplimos los límites de calidad del aire, ahora el TSJC apunta en la dirección contraria », ha censurado Badia.
El concejal también ha recordado que decenas de ciudades europeas, como Berlín, Milán o Londres, han implementado una zona de bajas emisiones similar a la de Barcelona para reducir la mala calidad del aire. «Hace pocas semanas recibimos un requerimiento europeo para saber qué hacíamos para mejorarla y ahora nos encontramos con esta decisión judicial», ha añadido.
Mañana se reunirán representantes de los ayuntamientos implicados -Barcelona, Hospitalet, Esplugas, Cornellá y San Adrián- para valorar en detalle el contenido de las sentencias, todas en la misma dirección, y valorar la posible interposición de un recurso para, como mínimo, paralizar la ejecución de la decisión judicial durante unos meses.
