Juan Milián Querol - Tribuna abierta

El pacto de la confusión

Si el debate fuera menos emocional y el principio de realidad actuara en la política catalana, todo sería más sencillo, porque la sociedad ya está en una fase que supera la inmersión y la imposición

Una manifestación en favor del catalán, la semana pasada en Barcelona Inés Baucells

Juan Milián Querol

Es «el fin de la inmersión lingüística» y es también «el blindaje de la inmersión lingüística» El pacto alcanzado por los partidos nacionalistas (PSC, En Comú Podem, ERC y JpC) para modificar la Ley de política lingüística fue tan confuso en su explicación como breve en el tiempo. Sus firmantes llegaron a decir una cosa y la contraria, aunque algo podíamos sacar en claro: era una treta para evitar aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25 % de castellano.

El efímero pacto era lo que en tiempo pretéritos algunos definían ufanamente como una jugada maestra, es decir, una «astucia» -pocas veces eficaz- para esquivar leyes y sentencias. Sin embargo, la CUP nunca llegó a sumarse, porque no se explicitaba una imposición total y exclusiva del catalán. Al primer tuit de un hiperventilado, JPC se borró de la foto. Pero, eso sí, el PSC quedó nuevamente retratado, regalando voto constitucionalista al separatismo, mientras cuece un tercer y más nefasto tripartito.

Si el debate fuera menos emocional y el principio de realidad actuara en la política catalana, todo sería más sencillo, porque la sociedad ya está en una fase que supera la inmersión y la imposición. Es la del sentido común: derechos y oportunidades. Dos tercios de los catalanes defienden el trilingüismo en las escuelas y solo un 9% sigue con la matraca monolingüe, según encuesta de GAD3.

Ante esta distancia entre la sociedad y la elite politicomediática, la solución estaría en la libertad o, mejor dicho, en la doble libertad. Las escuelas e institutos deberían poder definir su modelo pedagógico y lingüístico, garantizándose unos contenidos comunes y un mínimo trilingüe -catalán, castellano e inglés-, y las familias deberían tener el derecho a elegir la que crean que es la mejor escuela para sus hijos.

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