JOSÉ MARÍA ASENCIO - TRIBUNA ABIERTA
Okupas
La legislación española en materia de desahucios protege al infractor y deja indefenso al ciudadano cumplidor
Si algo tiene de bueno la jubilación es que permite alargar el verano más allá de la segunda quincena de septiembre. Es magnífico poder permanecer en la playa cuando los jóvenes se ven forzados a abandonarla para regresar a su rutina laboral . Sin gritos infantiles, el sonido de las olas se introduce en mis oídos y por fin respiro paz y tranquilidad.
Me llamo Antonio. Y cuando ocurrió lo que les voy a contar acababa de cumplir los 75 años. Los celebré con mi mujer en un pequeño hotel de Benidorm. Reservamos una mesa en el restaurante para nosotros dos y un par de parejas más. Nos conocimos unos días atrás en ese mismo lugar y compartimos buenos momentos. Fue una cena modesta, un menú con ensalada y algo de pescado, pues la pensión no nos permite grandes lujos. Pero les invitamos. Somos buenos anfitriones. Y luego, después de la copita de anís, bailamos un pasodoble. Eso sí, cada uno con su señora, como debe ser.
Las vacaciones, sin embargo, no pueden ser eternas. Y a la mañana siguiente, muy temprano, cogimos el autobús de vuelta a casa, a Badalona. Un viaje largo, de varias horas, más que suficientes para darme cuenta de que, a pesar del sol y la playa, mi sillón, un poco viejo y descolorido, era el mejor lugar del mundo. No sabría explicar con palabras las ganas que tenía de dejarme caer y encender la televisión.
Por fin llegamos. El ascensor estaba en el piso de arriba y tardó un poco en bajar. Mi sillón, pensé de nuevo. En el rellano, saqué mi llave y me dispuse a abrir la puerta. Pero no entraba. No podía ser. Miré el número del piso y era el cuarto, el mío, no me había equivocado. Tocamos a la puerta y nos abrió una señora con un niño. –¿Qué queréis? – nos gritó. –Vale, llamad a la policía. Ahora esta es mi casa–. Y nos cerró de un portazo.
Estábamos muy nerviosos. Tocamos al piso de Rosario, la vecina, y con su teléfono llamamos a la policía. Acudieron rápido. Golpearon la puerta de nuestra casa y, desde dentro, la señora les dijo que no les iba a abrir. Nosotros permanecimos detrás suya, con los ojos llorosos. Los agentes nos miraron y, desolados, nos dijeron que no podían hacer nada, que teníamos que poner una denuncia . –¡Pero es nuestra casa! Y no tenemos a donde ir– les dijimos. –Lo siento muchísimo, es la ley–.
A día de hoy, tres semanas más tarde, Antonio y Josefa, su mujer, siguen sin poder entrar en su casa. Después de haber trabajado de sol a sol durante más de cuarenta años y pagado religiosamente sus impuestos, esta ficticia pero muy real pareja de ancianos es, aunque duela decirlo, un ejemplo paradigmático de que la legislación española en materia de desahucios protege al infractor y deja indefenso al ciudadano cumplidor .
Y es que, por mucho que Antonio y Josefa acudan a los tribunales y presenten una demanda de desahucio, en el mejor de los casos, no podrán recuperar su vivienda hasta pasado un mes. Y digo en el mejor de los casos porque esto sucedería en una situación ideal y, por tanto, cuasi irreal. Lo normal es que transcurra mucho más tiempo. Los juzgados están colapsados, muchos de ellos a más del 200% de carga de trabajo. De modo que, si no tienen otro lugar donde alojarse, no hace falta decir lo que ocurrirá con ellos.
Tras la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 5/2018, llamada de «desahucios express», podemos decir, sin demasiado miedo a equivocarnos, que lo único express que tiene el contenido de dicho texto legal es el café que se tomaron sus redactores.
Como he dicho, habrá de interponerse una demanda, a la que deberá acompañarse el título de propiedad (si éste se encuentra dentro de la casa ocupada, primer problema). Luego deberá notificarse a los ocupantes (si no abren la puerta y no es posible identificarles, segundo problema). Aunque pongamos que, por alguna casualidad, abren la puerta y reciben la notificación. Se les da cinco días para aportar algún título que justifique su posesión. Si no lo hacen, el tribunal acordará el desahucio. Pero tampoco es extraño que presenten algún documento que genere dudas (tercer problema).
Junto a ello, dice la Ley que se informará a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación. Y ¡sorpresa! La señora no tiene ingresos, pero sí un niño pequeño. Está, por tanto, en situación de vulnerabilidad (cuarto problema).
Han pasado los meses y Antonio y Josefa no saben qué hacer. Si llaman a Endesa y cortan la luz, les denunciarán por coacciones. Si deciden no pagar el gas, les denunciarán por coacciones. Si inutilizan la cerradura, les denunciarán por coacciones . Si bloquean el acceso a la vivienda aprovechando la ausencia de los ocupantes, les denunciarán por coacciones. Si llaman a alguien para que les ayude, adivínenlo.
Por fin llega el momento del lanzamiento y la policía abre la puerta a la fuerza. Allí no queda nadie, salvo un plato de espagueti de la noche anterior. El piso está totalmente destrozado, inhabitable. Antonio y Josefa vuelven a marcharse.
A veces la realidad supera a la ficción. Y es entonces cuando creo estar viviendo dentro de una película de Berlanga. Pero, a diferencia del cine, esto es la realidad. Y parece ser que a ningún político le importa. Es muy fácil legislar desde un chalet o desde un bonito piso en el centro de Madrid . Porque claro, nadie en su sano juicio osaría okupar una «residencia ministerial». Los pisos de Badalona o de Vallecas, en cambio, tienen más problemas. Por eso se los ceden a los proletarios.
José María Asencio. Juez y escritor.
