José Luis Martín - Tribuna abierta
La libertad en la educación
«Estamos inmersos en una clara estrategia política, basada en prejuicios y demagogias que lo que persigue es atacar las libertades»
El derecho fundamental a la educación está definido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en base a dos pilares: la libertad de enseñanza y la pluralidad educativa. Estos se concretan en el derecho de las familias a elegir centro educativo para sus hijos y en la libertad de creación de centros docentes. Los poderes públicos están obligados a garantizar esos derechos y libertades a través de una programación general de la enseñanza y deben ofrecer un modelo educativo de interés público que garantice estos derechos. Todos. No unos derechos y libertades, sí; y otros, no. Además, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y, por ello, se contempla que centros privados puedan sostenerse con fondos públicos para garantizar la igualdad en el acceso y la calidad de la enseñanza.
El Síndic de Greuges ha propuesto un «Pacto contra la segregación escolar en Cataluña», con el concurso de la Generalitat y los ayuntamientos, para fomentar la calidad de la educación y la cohesión social. Este pacto persigue combatir la concentración de alumnos con desventajas educativas en algunos centros, partiendo de algunas premisas, entre las que figura de forma destacada la infrafinanciación de la educación en Cataluña y propone, «tal como prevé la Ley de Educación Catalana», la necesidad «de una financiación pública suficiente de los centros», públicos y privados, y así «garantizar la gratuidad real de la enseñanza». Continúa diciendo que «la progresiva implementación del pacto» ha de estar acompañada «necesariamente de un incremento progresivo de la inversión pública destinada a la educación» para llegar al «presupuesto en educación en torno al 6 por ciento del PIB» (como prevé la LEC).
Curiosamente, de las medidas que propone el Síndic, la más efectiva para luchar contra la segregación escolar en Cataluña, la económica, no es la que la Generalitat haya escogido. Inmersa en unos presupuestos, si consigue aprobarlos, está vendiendo a bombo y platillo un incremento en el gasto en educación de un 17,6 por ciento, cuando en realidad representa una subida, en términos nominales, de un 6,6 por ciento respecto a 2010, lo que le aleja mucho de la senda que reclama la LEC.
Con la presentación de dos proyectos de decreto (de admisión de alumnos y de conciertos), queda patente que la medida del pacto del Síndic que han escogido los poderes públicos es solamente «redistribuir a los alumnos de forma equitativa en los centros educativos», en su versión más sesgada, ya que pretenden limitar, condicionar y determinar la oferta de plazas escolares, también de centros privados concertados, trasladando a estos últimos la responsabilidad de los costes de la pretendida «escolarización equilibrada», al no entrar siquiera a plantearse las necesidades de financiación que existen al no estar garantizada la gratuidad real de la enseñanza.
Detrás de la elección de estas medidas se esconde un prejuicio ideológico que persigue una rápida rentabilidad política, tirando de demagogia. Lo que hay detrás de este sesgo son dos motivaciones inveteradas de una mal llamada progresía: por un lado, culpar a los centros concertados de la segregación escolar y, por otro, atacar a las libertades y los derechos que configuran el derecho fundamental a la educación.
Señala a los centros concertados como culpables de una pretendida segregación escolar, cuando lo que hacen es garantizar un sistema equilibrado. Si estuviera suficientemente financiado el sistema educativo, si la Generalitat apostara por una inversión social real, como es la educación, se estaría garantizando la igualdad en el acceso a la educación, el lugar de pretender ahogar y limitar la oferta concertada. Sin los centros concertados proliferarían los centros exclusivamente privados. Esta hipocresía política se basa en un ánimo contra el modelo consensuado desde hace muchos años, décadas, en la Constitución, en el Estatuto, en las leyes orgánicas y hasta en la LEC, basado en la pacífica existencia de una triple oferta: la pública, la concertada y la oferta privada. Tan es así ese consenso que la LEC lo preserva en la regulación de lo que ha denominado el Servicio de Educación de Cataluña, formado por los centros sostenidos con fondos públicos: públicos y concertados.
La segunda motivación que tiene la Generalitat es el ataque a los derechos y libertades. Pretenden, mediante cambios menores, modificar el modelo educativo, en el que se salvaguarda el derecho de las familias a elegir centro y la libertada de creación de centros. Cuando se habla de «redistribuir a los alumnos de forma equitativa en los centros educativos» se está poniendo en manos de los poderes públicos la elección de centro para los alumnos, no que sean los padres los que elijan.
En el mismo sentido, en el caso de los centros privados, los conciertos se establecen en base al criterio de que haya necesidades de escolarización. O sea, que un centro tenga matrícula suficiente. Como estamos viendo, si lo que pretende la Generalitat es ser ella quien fije el número de plazas ofertadas de la concertada, serán los poderes públicos quienes determinen qué centros tienen que ser concertados y cuáles no. Es el fin de la libertad de creación de centros educativos, que es sobre la que descansa la libertad de enseñanza.
Como puede verse, estamos inmersos en una clara estrategia política, basada en prejuicios y demagogias que lo que persigue es atacar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Nadie está a favor de la segregación escolar. Nadie. Todo el mundo suscribe y apoya luchar por la cohesión social y por la igualdad de oportunidades, pero no se puede poner como señuelo la lucha contra la segregación para esconder detrás de tan noble causa una voluntad liberticida y planificadora.
No segrega la libertad. No discrimina la pluralidad. Segrega y discrimina la arbitrariedad y la incompetencia de los poderes públicos que no asumen sus obligaciones y huyen de sus responsabilidades, en este caso, garantizar el derecho fundamental a la educación basado en la libertad de enseñanza y la pluralidad educativa.
José Luis Martín es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tarragona
