Infantilismo ciudadano

Diferenciar entre lo coyuntural y lo estructural es importante para el futuro. Las elecciones del 26-J y la cuestión de confianza a que se someterá el president Puigdemont en septiembre introducen incertidumbres coyunturales. Pero son simples árboles del bosque de lo permanente, de lo que nos debe preocupar a fondo. Cuestiones estructurales son el paro, la economía sumergida y la corrupción, así como la tendencia a incumplir nuestras obligaciones en materia de déficit y endeudamiento.

Según el catedrático de Economía Guillem López Casasnovas, resulta «peligroso» el universalismo de barra libre sin foco que, a su juicio, se ha instalado en nuestro país, porque tamaño gasto se finanza con un dualismo fiscal en el que gana peso la imposición directa, que resulta regresiva porque las rentas más bajas pagan proporcionalmente más que las altas, y porque las rentas de capital tienen mejor tratamiento que las del trabajo. Dentro de la imposición indirecta, la del consumo es muy golosa para los políticos, al beneficiarse de una recaudación fácil y de una ilusión fiscal, ya que la gente no sabe lo que en realidad paga de impuestos y acaban incorporándolos al precio final, como hacemos con el IVA.

El drama económico surge cuando con esas prácticas se quiere ser más redistributivos sin reparar en el efecto bumerang de que cuanto más generalizada es la protección social, en ocasiones resulta menos redistributiva. Un ejemplo son los seguros sanitarios privados, cuya mera existencia potencia la redistribución del sector público. Porque en el caso de que todos fuéramos a la Seguridad Social, quedaría neutralizada, además de colapsar sus servicios. Idéntico resultado se produciría con el rescate de las autopistas de peaje, ya que todos pagaríamos su mantenimiento, cuando ahora sólo pagan quienes las usan.

El modelo de colaboración público-privada, del que Cataluña es ejemplo, no equivale a privatizar. sanidad, enseñanza, autopistas y gestión del agua... ejemplos en los que las administraciones planifican, regulan y controlan a empresas privadas que garantizan la financiación de las inversiones y permiten transferir la experiencia y el I+D+i en beneficio de la ciudadanía. Romper esa línea de colaboración elevaría los impuestos que, como hemos visto, no siempre son redistributivos. Quizá el debate político abierto sobre la reversión de las concesiones atiende a la encuesta de valores de BBVA, que revela que el 74% de los españoles todavía piensa que papá Estado lo debe resolver todo. El infantilismo ciudadano es otro de los principales problemas estructurales.