Indignación por el contrato de la Generalitat sobre los rastreadores del coronavirus en Cataluña
Salud externalizó el servicio a Ferrovial y la comunidad médica lamenta que no se invierta el dinero en la salud pública mientras que la oposición ve un caso de «dedazos»
Alud de críticas a la decisión del gobierno de la Generalitat de externalizar el rastreo de posibles contagios. La adjudicación directa impulsada por el departamento de Salud, por vía de urgencia, sin concurso público, por 17,6 millones de euros para los trabajos de seguimiento telefónico de los contactos de personas con Covid-19 a una empresa filial de Ferrovial, ha desatado la indignación en buena parte de la comunidad médica y también varios grupos políticos.
El controvertido contrato, con la misma empresa que gestiona el teléfono de Salud 061, es en realidad una ampliación de un contrato existente que preveía sumar 200 personas a un «call center» que pretendía reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha argumentado que esta adjudicación directa se ha hecho para no comprometer el sistema de salud en caso de una posible nueva ola de la pandemia, aunque el Govern ha reconocido que se revisará el contrato.
Todo ello no ha frenado todavía el alud de críticas que no cesa por esta decisión. Así, tanto el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y el de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, Antoni Sisó, exigieran rectificar esta externalización del rastreo de los casos de Covid-19 e invertir, por el contrario, más dinero en la salud pública. También lo ha hecho Metges de Catalunya, que considera «indecente» la decisión.
Los sindicatos Infermeres de Catalunya y SATSE Cataluña y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona también han pedido rectificar este contrato, y han recordado que la sanidad pública catalana «lleva muchos años debilitada por dos dinámicas: recortes presupuestarios y externalización de servicios hacia grupos privados«.
Además, el epidemiólogo del Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha opinado que los ambulatorios están «entre los sitios más adecuados» para rastrear contactos de COVID por su «proximidad», aunque ha evitado valorar la privatización de los rastreadores. Según Trilla, lo más «cercano» al paciente siempre es la atención primaria, unos CAP que ha señalado que podrían «reforzarse con esos rastreadores».
Críticas también políticas
Por si esto fuera poco, la polémica llevó este lunes a la propia consellera de la Presidencia, Meritxell Budó (JpC), a instar a Salud (liderado por Alba Vergés, ERC) a «escuchar» a la comunidad médica y ha abierto la puerta a «modificar» la decisión.
Incluso el propio partido de Vergés, ERC, ha pedido que Salud «revierta» el contrato y ha defendido «un programa público» que gestione la atención telefónica. Según aseguró ayer la portavoz de ERC, Marta Vilalta, esta externalización se ha efectuado «correctamente y por razones de emergencia», pero ha puntualizado que «a ERC no le gusta este contrato y prefiere que el servicio «se gestione desde el ámbito público».
También la portavoz del PSC, Eva Granados, pidió al Govern que aclare los criterios para externalizar los ratreadores. «Queremos saber por qué Salud solo quiere dedicar 4,5 millones a reforzar la atención primaria, que es donde tiene que haber recursos, y externaliza este servicio», ha dicho Granados.
La líder de los comunes, Jéssica Albiach, tampoco «entiende» la privatización de los rastreadores y ha recordado que Salud ya pactó pagar más de 43.000 euros por cada paciente que la sanidad pública derivase a una UCI privada, mientras que la CUP ha presentado una moción en el Parlament instando al Govern a rescindir de forma «inmediata» el contrato.
El PPC, además, ha solicitado este martes la comparecencia de la consellera de Salud ante la comisión de Salud del Parlament para que dé explicaciones por haber «contratado a dedo» a Ferrovial para externalizar el rastreo de los contagios de COVID-19.
Además, este martes el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha acusado al Govern de hacer un «contrato opaco y a dedo» y achaca la voluntad del Govern de revertir el contrato a las críticas del sector sanitario.
