El Gobierno aprueba una declaración de rechazo a la condena a muerte de Lluís Companys
Se trata de un paso previo antes de pedir la anulación del proceso judicial que acabó con el fusilamiento de Companys en 1940
El Consejo de Ministros reunido este viernes en Barcelona ha aprobado una declaración en la que «rechaza y condena» el consejo de guerra que en 1940 sentenció a muerte al presidente de la Generalitat Lluis Companys. En dicha declaración, el Ejecutivo proclama además su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat. Companys fue fusilado por el régimen franquista en 1940 tras ser detenido por la Gestapo en Francia.
El proceso de rehabilitación de Companys era una demanda histórica de parte del nacionalismo catalán, especilmente de ERC, partido en el que el expresidente militó. La declaración, en este sentido, supone un primer paso antes de que Gobierno inste a la anulación del proceso judicial que acabó con el fusilamiento de Companys en 1940 así como de todas las condenas de tipo político de tribunales franquistas. La anulación de de los juicios, en cualquier caso, requiere de un cambio legislativo, por lo que dependerá de lo que decida el Congreso en el futuro.
En su día, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya se comprometió en a anular el juicio y la sentencia de muerte contra Companys.
Desde la Generalitat, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha asegurado que lo que el Govern espera es que se promulgue una ley que «anule los procedimientos sumarísimos y la sentencia que condenó a muerte». «Recibimos el anuncio del Consejo de Ministros cuarenta años tarde. Valoramos el gesto, pero es únicamente un gesto», ha dicho la consellera en declaraciones a los medios.
Capella ha insistido en la necesidad de un proyecto de ley que incluya la anulación de los procedimientos sumarísimos y de la sentencia de muerte de Companys, y ha asegurado que «Cataluña ya hizo lo que tocaba hacer».
«El departamento de Justicia encabezado por el conseller Carles Mundó ya propuso y aprobó una ley en la que se anulaban los procedimientos sumarísimos», ha precisado la consellera.
