La Generalitat transfiere la defensa legal de los Mossos para agradar a la CUP

El pasado mes de marzo ERC y la CUP acordaron que la Generalitat dejaría de personarse como acusación contra manifestantes de movilizaciones «sociales y políticas» . El pacto, que formaba parte de la negociación entre ambas formaciones para investir a Pere Aragonès, marcaba la excepción en los casos en que hubiera lesiones acreditadas a agentes de los Mossos. Hoy, el Govern ha dado un paso en esta línea, anunciando que quitará las funciones de defensa de los policías al Departamento de Interior para cederlas al Gabinete Jurídico del ejecutivo, algo que ha celebrado la formación antisistema como un «primer paso».

No en vano, según ha insistido la CUP desde hace meses, suponía una «aberración» que el ejecutivo autonómico se personara contra manifestantes y «activistas». «Entendemos que si lo que queremos es acumular fuerzas y confrontar al Estado en el plano institucional y también en la calle necesitamos decirle a la gente que la Generalitat no será parte de esta represión », recordó ayer mismo la diputada de la CUP Laia Estrada en declaraciones a la prensa desde el Parlament.

Este miércoles en el Parlament el consejero catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciado la decisión de traspasar las funciones de defensa penal a agentes policiales argumentando que desde el Gabinete se podrá hacer una «mejor la defensa» de los trabajadores públicos. No obstante, los anticapitalistas han celebrado la decisión calificándolo de «primer paso» para cumplir con su acuerdo y desdibujar la defensa jurídica que el Govern presta a los Mossos. Así lo ha resaltado el diputado Xavier Pellicer, quien ha afirmado que la competencia de defensa legal que hasta ahora tenía la consejería de Interior era una «anomalía».

«Estamos avanzando para que se produzca 'de facto' en Interior los cambios necesarios, para pasar del modelo policial de persecución de la disidencia y de ser la correa del Estado de esta represión, para pasar a un modelo policial que garantice y defienda los derechos de las personas», ha incidido el diputado. Asimismo, ha planteado nuevas reclamaciones, como desmontar el cuerpo de abogados de Interior y la retirada de la Generalitat en las acusaciones a lo que ha calificado de disidencia política. También ha urgido a poner fin a los ficheros policiales y al «seguimiento, persecuciones e identificaciones» en manifestaciones.

En su intervención parlamentaria para exponer la decisión del Govern , Elena se ha referido veladamente a las reclamaciones de la CUP señalando que su deber es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos , tanto de quienes quieren manifestarse y participar de reivindicaciones, como de los ciudadanos que no quieren participar. Consciente de que las reclamaciones de los antisistema inquietan a buena parte del cuerpo de Mossos, el consejero ha defendido que el Govern seguirá protegiendo también los derechos de la policía catalana y se ha comprometido a seguir haciéndolo siempre que sufran algún tipo de agresión. « Queremos seguir defendiendo a los Mossos con la misma claridad y contundencia siempre que sufran lesiones», ha prometido.