José García Domínguez - Punto de fuga
La gansada de Turull
La permanente invasión competencial, vicio al que tan adictos se muestran los Turull de turno en el Parlament, podría terminarse mañana mismo
El Tribunal Constitucional ha vuelto estos días a las páginas de la prensa merced a una gansada del portavoz Turull, de “Junts pel sí”, que ha querido comparar a sus magistrados, se supone que incluidos también los nombrados con el aval de la difunta CDC, con los golpistas del 23-F. Tonterías de adolescente imberbe al margen, cuando resulta del dominio público que ni los tribunales ordinarios ni el Gobierno semejan capaces de garantizar que derechos amparados por la Carta Magna gocen de una mínima protección eficaz en Cataluña, cuestionarse nuestro modelo de justicia constitucional deviene un imperativo urgente. Y más si el enunciado literal de nada menos que una ley orgánica, verbigracia el Estatut, puede ser abiertamente contrario a la Constitución, dada la muy frívola costumbre de emitir sentencias interpretativas que llaman blanco a lo que es negro.
Pero soluciones existen. Así, la permanente invasión competencial en materias de titularidad exclusiva del Estado, vicio al que tan adictos se muestran los Turull de turno en el Parlament, podría terminarse mañana mismo. Al cabo, solo haría falta dotar a los jueces ordinarios de la preceptiva legitimación para ignorar las leyes que, a su entender, resultasen contrarias a la Constitución. Ante la duda razonable por parte de un juez, la ley restaría inaplicada. Punto. Ya resolvería después la instancia superior, que, huelga decirlo, podría ser el mismo Tribunal Constitucional. Limitada por cuantas restricciones garantistas aconseje la prudencia, una medida tan eficaz para poner coto de una vez al acoso de los separatistas contra el ordenamiento jurídico únicamente exigiría de una simple reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ni una sola coma de la Constitución procedería tocar. Por cierto, y para los devotos de los Estados Unidos que tanto abundan en el partido de Puigdemont, eso mismo, paralizar la eficacia de una ley, es lo que hacen todos los jueces norteamericanos siempre que presumen amenazada la letra de la Constitución por alguna norma emanada de cualquiera de los estados. ¿Por qué no imitarlos?
