Fraude de ley a la balear

La sentencia del Tribunal Constitucional que echaba por tierra la prohibición de las corridas de toros en Cataluña era clara en que la Generalitat no tenía competencias para prohibir los espectáculos taurinos, aunque sí para su regulación. Y es en ese punto en donde el tripartito de Baleares se ha basado para presentar un proyecto de reglamento en las Islas que contiene tantas restricciones y exigencias que harían inviable la celebración de una corrida de toros.

Pero regular un espectáculo existente significa al menos mantener su esencia, y los gobernantes baleares han ido más allá y han traspasado la raya que hace que los festejos taurinos que propugnan no tengan nada que ver con una corrida de toros. Y aquí es en donde puede y debe estar la defensa de la Tauromaquia. En el fraude de ley que significaría aplicar un reglamento que desnaturaliza de principio a fin lo que por ley –estatal– es un bien cultural que las administraciones públicas tienen obligación de proteger y hasta de promocionar.

El recurso a la prohibición de las corridas de toros aprobada por el Parlament en julio de 2010 nos lleva a la sentencia del Tribunal Constitucional que la revoca. Se esperaba una batalla administrativa con la Generalitat para conseguir la vuelta de los toros a Cataluña, una batalla que hubiera emanado de las competencias autonómicas para la regulación, una batalla que la propiedad de la Monumental de Barcelona se encargó de anular con aquello que «de momento» no habrá toros. Pero eso es ya otra historia.

En Baleares entendieron bien que esa sentencia les iba tumbar cualquier movimiento abolicionista y cogieron la vía de la regulación. Un proyecto de reglamento que con tanta restricción puede significar que los políticos baleares se hayan metido en un charco que, de nuevo, el Constitucional se encargue de echar para atrás. Otra cosa es que mientras tanto, la espera se lleve por delante lo que se llevó en Cataluña. En ese punto debería implicarse por una vez ese silente sector taurino.