La Fiscalía reclama 30.000 euros de multa para Joana Ortega por burlar su inhabilitación
La exvicepresidenta del Govern de Artur Mas aceptó un cargo como asesora del Departamento de Empresa pese a haber sido condenada por el 9-N
La Fiscalía pide multar con 30.000 euros a la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, por un delito de quebrantamiento de condena al haber aceptado un cargo público cuando estaba inhabilitada por su implicación en la consulta del 9N.
El fiscal reclama esta penalización para Ortega tras asumir esta el cargo de Asesora en Proyectos Transversales del Departamento Empresa entre mayo y octubre de 2019 . Así, según el escrito del Ministerio público, el puesto que aceptó la exvicepresidenta de la Generalitat, la mantenía «directamente conectada con el Gabinete de la Consejería».
Fue en enero de 2019 cuando Ortega fue condenada a una pena de multa e inhabilitación especial durante nueve meses para el ejercicio de cargos públicos como autora de un delito de desobediencia . Así, la pena impuesta no decaía hasta octubre de 2019, y Ortega aceptó el cargo de asesora cinco meses antes. Su retribución fue la de un puesto de trabajo de funcionario de nivel A, por el que recibió unos ingresos brutos totales de 32.000 euros.
