Admitida la querella de la Fiscalía contra el Govern con delitos que implican pena de cárcel
También acepta la querella presentada contra la Mesa y contra Forcadell por «su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales»
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite la querella criminal anunciada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra todos los miembros del Gobierno catalán por convocar el referéndum ilegal, previsto para el 1 de octubre. El Ministerio Público califica los pasos adelante dados por los gobernantes catalanes como constitutivos, de forma indiciaria, de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Este último crimen, por el que no se acusó a Artur Mas por la consulta del 9 de noviembre de 2014, está castigado con penas de prisión de entre tres y seis años, lo que complica el horizonte penal del Govern.
La querella de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso ABC, considera que el equipo de Puigdemont «ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público, estando el mismo orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional, y por consiguiente ontológicamente ajenas a la función pública».
El Ministerio Público repasa los diversos mandatos del Tribunal Constitucional, que lleva tiempo advirtiendo a los gobernantes catalanes de que deben dejar de impulsar e impedir los actos preparatorios de la consulta ilegal. La Fiscalía menciona todos las sentencias y autos del tribunal garante en este sentido, partiendo de la sentencia del 5 de diciembre de 2015, en la que el TC anuló la llamada declaración de desconexión, el "acto fundacional" del proceso independentista. Con aquella decisión, los magistrados apercibieron a los gobernantes catalanes de que debían frenar las iniciativas hacia el referéndum.
«A pesar de ello ninguno de los mandatos del Tribunal Constitucional, especialmente vinculantes para todos los poderes públicos, ha impedido que desde el Gobierno y los grupos parlamentarios independentistas se siga insistiendo públicamente en mantener esta convocatoria del referéndum como primer paso del llamado proceso de desconexión del Estado española», señala la Fiscalía, que ha dirigido la querella contra todos los miembros del Govern, incluidos Puigdemont y Oriol Junqueras, pues todos firmaron la convocatoria . El Ministerio Público les acusa, de hecho, de actuar "con absoluto desprecio de las reiteradas decisiones" del TC.
La inclusión del delito de malversación es un giro decisivo que complica el horizonte penal de los querellados . Por este delito, castigado con cárcel, no fueron acusados Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, todos ellos condenados por la justicia por impulsar la consulta del 9 de noviembre de 2014, también prohibida entonces por el TC. Aun así, el Tribunal Supremo insinuó, en la sentencia con la condena a Homs, que podría haber condenado por tal delito si la Fiscalía así lo hubiera solicitado.
Querella contra Forcadell
La Fiscalía se ha querellado también contra la presidenta del Parlament catalán, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir a trámite la ley del referéndum por «su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales».
En la querella presentada hoy ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía les achaca delitos de «desobediencia grave cometida por autoridad pública» , de prevaricación y malversación.
«La conducta de Carmen Forcadell como presidenta del Parlament junto con el resto de los miembros de la Mesa querellados (...) evidencian su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales», afirma el escrito.
La Fiscalía pide que se tome declaración a Forcadell y a los otros cuatro querellados en calidad de investigados y también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona, al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra y a su secretario segundo, David Pérez.
A su vez, se pide el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el 1-O.
