La Fiscalía pide investigar a la exconsejera de Salud catalana por la vacunación de policías y guardias civiles
La Unión de Oficiales de la Benemérita presentó una querella contra Alba Vergès por retrasar la inmunización de los agentes destinados en el territorio
La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investigue a la exconsejera de Salud Alba Vergès por el retraso en la vacunación contra el Covid de policías y guardias civiles destinados en el territorio.
Fue la Unión de Oficiales de la Benemérita la que el pasado abril interpuso una querella contra los entonces responsables del Departamento por presuntos delitos de prevaricación administrativa dolosa, contra los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Ahora el Ministerio público interesa su admisión a trámite y avala que se investiguen los hechos denunciados, para determinar si Vergès, el ex director del Servei Català de la Salut Adrià Comella o el entonces secretario de Salud Pública -y ahora nuevo titular de la consejería- Josep Maria Argimon , incurrieron en algún delito.
En su queja, la asociación de la Benemérita alude a la «inactividad, retraso o falta de iniciativa» por parte de la Generalitat a la hora de cumplir con el plan estatal de vacunación . Fue entre febrero y abril del pasado año cuando los agentes reclamaron por la vía judicial, y el TSJC dictó una auto en el que ordenaba a Salut inmunizar a los uniformados .
Para justificar la querella, la Unión de Oficiales recuerda que fue la propia Vergès quien ordenó paralizar la vacunación de los agentes destinados en Cataluña, una actitud que califican de «intencionada y arbitraria». Respecto a Comella, sostienen que fue él quien, el 8 de abril de 2021, comunicó la orden de suspensión de la inmunización al colectivo.
Sentencia del TSJC
El pasado diciembre, el TSJC ya falló a favor de los uniformados, al considerar que la Generalitat los había discriminado durante el proceso de vacunación . En su sentencia, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo alude al agravio compartido entre los miembros de los cuerpos de seguridad estatales y los Mossos d'Esquadra, que sí habían recibido la dosis del antídoto.
«La administración demandada -el Govern- incurrió en inactividad respecto de su obligación de asistencia sanitaria a los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en su labor de suministro de las vacunas frente al Covid-19 . Esa inactividad dio lugar a una diferencia de trato injustificada y discriminatoria respecto de esos cuerpos nacionales en relación con los cuerpos policiales y de emergencia autonómicos y locales, a los que se les suministraron las vacunas de manera más rápida y eficiente», indicó entonces el fallo.
