Mª Eugènia Gay - Tribuna abierta
Pacto de Estado por la Justicia
«Desde la Abogacía, celebramos la propuesta anunciada recientemente por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo»
La Justicia, en tanto que pilar fundamental sobre el que se sustenta nuestro Estado de Derecho, en los términos en los que este fue concebido por Montesquieu, en su teoría sobre la división de poderes, constituye hoy un servicio público imprescindible cuya prestación debe responder a las máximas de calidad y eficiencia que se espera de una sociedad moderna para garantizar la convivencia, entendida esta como finalidad última de un régimen democrático.
No obstante, los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial han revelado importantes deficiencias de las que se desprenden la inaplazable necesidad de una reforma valiente y profunda de la Administración de Justicia a través de un Pacto de Estado, que atienda a la reivindicación histórica de una verdadera tutela judicial efectiva, aspecto que precisa de un acuerdo que cuente con la participación institucional de todos los operadores que trabajan en la órbita de aquella, a través de un ejercicio de responsabilidad colectiva por medio del diálogo.
Por eso, desde la Abogacía, celebramos la propuesta anunciada recientemente por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, consistente en impulsar el Plan Justicia 2030 a través de un gran consenso con vocación de permanencia, pues es evidente que una reforma de tal calado requiere de un proyecto de futuro con una continuidad que vaya más allá de una legislatura y esté por encima de cualquier ideología o interés partidista.
Así, resulta un gran acierto que uno de los principales ejes en torno a los que se despliega este nuevo plan, con un horizonte temporal de 10 años, sea la consolidación del carácter instrumental sobre el que se forjaron los compromisos suscritos en el Pacto por la Justicia del año 2001, que basó la modernización de la Administración en el despliegue de la Nueva Oficina Judicial, la actualización de las principales leyes procesales y las garantías previstas en la Carta de los Derechos de la Ciudadanía.
Dichos compromisos permitieron importantes avances en el ámbito de la Justicia, pero se han visto interrumpidos por el inmovilismo legislativo de los últimos años y superados por los avatares de una litigiosidad crecientemente compleja que ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar la planta judicial a la nueva realidad del siglo XXI.
Hoy, más que nunca, debemos tener presente que la solidez de las instituciones, así como su operatividad, traen consigo la paz social, el progreso económico y la materialización de los derechos y las libertades consagrados en nuestro ordenamiento jurídico.
En ese sentido, la renovación de la arquitectura del propio Ministerio, así como las líneas maestras sobre las que se ha diseñado el Plan Justicia 2030, resultan alentadoras para el cumplimiento de los parámetros europeos de una administración responsable y trasparente al servicio de la ciudadanía, que garantice la mejora de su acceso y promueva una mayor eficiencia operativa de los recursos disponibles, con incremento de la coordinación entre los distintos territorios y transformando digitalmente la Administración de Justicia para hacerla más eficaz y sostenible.
Sin duda, una forma de acercar la Justicia a la ciudadanía será a través de la tan ansiada Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que desde la Abogacía hemos reclamado como esencial para la dignificación de aquella, habiéndose hecho indispensable desarrollar un derecho constitucional básico que hoy se encuentra disperso en las distintas leyes de procedimiento.
Otra de las asignaturas pendientes ha sido la actualización del proceso penal, siendo improrrogable la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que se adapte a las necesidades de una sociedad globalizada, fomente la atención a las víctimas y recoja la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este nuevo Pacto de Estado deberá también tener presente los compromisos internacionales asumidos por España, destacando los que dimanan del Convenio de Estambul y la Convención sobre los Derechos del Niño, que exigen del legislador un refuerzo en el ámbito de garantías y soporte a las víctimas de delitos, con especial atención a las mujeres y niños que han sufrido violencia machista.
Ante tales retos, la Abogacía no puede sino expresar su compromiso con la sociedad y el Estado de Derecho, mostrando su apoyo a este nuevo Plan Justicia 2030, para lo que seguirá trabajando como garante histórico de los derechos de la ciudadanía, conminando al consenso de las distintas fuerzas políticas, sin perder de vista la legítima reclamación de los intereses de la profesión.
Mª Eugènia Gay es Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona
