Estado de derecho

Democracia es libertad, representación, calidad de las instituciones y vigencia del Estado de derecho. Sin duda, España es una democracia de muy alta calidad. La Intelligence Unit de «The Economist» sitúó a España en 2016 en la posición 17 entre los 167 países analizados. Detrás de España están, por ejemplo, EEUU e Italia (ambos en el puesto 21), Francia (24) o Bélgica (35). España es un excelente lugar para vivir en paz y democracia, gozando de los mejores derechos.

Y, sin embargo, en una parte de España ocurren desde hace años fenómenos políticos y sociales impensables. En una de sus regiones clave, un gobierno autonómico arrastra una larga trayectoria en el desafío al Estado de derecho y en la trama de un golpe de Estado para imponer su separación del resto.

Ante esto, la democracia española se ha comportado discretamente. Incluso, ante delitos flagrantes y repetidos, previstos en el artículo 155 de la Constitución (traducción del artículo 37 de la Ley Fundamental alemana) y en el Código Penal (arts. 472 y 544-580), el Gobierno ha confiado su resolución a la justicia.

Ahora estamos, pues, en una guerrilla jurídica. Su resultado es triplemente manifiesto. Uno: los delincuentes no han conseguido su propósito pero persisten en su empeño, probablemente por la impunidad en la que quedan sus actos. Dos: no se ha logrado que el Estado de derecho prevalezca, el orden jurídico no se ha mantenido ni restablecido. Y tres: los perdedores manifiestos de este irresuelto desafío de los independentistas son el sistema democrático español y los catalanes.

El desgaste de las instituciones es ya muy acentuado y es palpable la degradación de la vida política y social en Cataluña. Los separatistas más radicales se han apoderado de Cataluña. El precio que la democracia española y los catalanes pagaremos por este devenir surrealista es exorbitante. ¡No hay derecho!