Enmienda a la totalidad al «pacto de país» de los nacionalistas para perpetuar la inmersión en catalán
Impulso Ciudadano presenta una propuesta para «alcanzar la convivencia en Cataluña y para poner fin al nacionalismo lingüístico»
En el documento, la entidad cuestiona la constitucionalidad del acuerdo cerrado por los nacionalistas para sortear la sentencia del 25% de castellano
«No respeta la convivencia entre lenguas oficiales que establece la Constitución ni puede ser base para ningún consenso sobre la regulación de las lenguas en Cataluña». A juicio de Impulso Ciudadano, el Pacto Nacional por la Lengua , impulsado por el Govern en septiembre de 2021, así como el informe académico que se presentó como punto de partida del acuerdo, en el que se dibujaba una situación de emergencia del catalán tanto en el ámbito educativo como en otros sectores de la administración autonómica, responden a « un acercamiento nacionalista que se sitúa fuera del marco de convivencia entre las distintas lenguas oficiales ».
A juicio de la entidad, que preside José Domingo, la política lingüística de la Generalitat «no solamente es contraria a la Constitución, sino que atenta contra el pluralismo lingüístico y la dignidad de las personas».
Por este motivo, la entidad ha presentado un informe en el que plantea « una alternativa al nacionalismo lingüístico que sirve de base al documento y al Pacto Nacional por la Lengua». El texto, consultado por ABC, considera el castellano como el catalán, así como el aranés, lenguas oficiales y propias de los catalanes, de tal manera que deben de estar presentes en la escuela, en los medios públicos de comunicación y en la administración .
Igualmente, destaca «la necesidad de que e l español, lengua materna de la mayoría de los catalanes , tenga una presencia significativa en la escuela y cuestiona las políticas de exclusión del mismo en la universidad».
En su argumentario, Impulso Ciudadano alude a las décadas de exclusión del castellano en las aulas, algo que, según apunta, se sustenta en el análisis de más de 2.000 proyectos lingüísticos de centro que realizó la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y que constata también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020, que impone un 25% de castellano en todas las aulas y califica de «residual» la presencia del castellano en la enseñanza.
La entidad considera, además, que la propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística presentada el 24 de marzo por PSC, Comuns, ERC y Junts para dar respuesta al fallo del alto tribunal catalán «podría plantear problemas de constitucionalidad» .«El catalán es lengua vehicular por su condición de lengua propia de Cataluña, pero el castellano sólo será empleado de acuerdo con lo que establezcan los proyectos lingüísticos de centro y dentro de los límites que marca el apartado 3 del artículo 21 de la Ley de Política Lingüística», apunta.
«Injerencia de las instituciones catalanas»
En el documento, presentado hoy, también se cuestiona «la injerencia de las instituciones catalanas en la regulación lingüística de otras comunidades autónomas e, incluso, de otros países». «Estas injerencias son una muestra de la conexión existente entre lengua y nacionalismo político, una vinculación que ha de romperse si queremos alcanzar un auténtico consenso para la convivencia de las lenguas en Cataluña».
« El catalán no es patrimonio de los nacionalistas catalanes ni de las instituciones catalanas , sino que, como cualquier otra lengua, es patrimonio de todas las personas que la hablen, en Cataluña y fuera de Cataluña, tanto como instrumento de comunicación, como objeto de estudio o de difusión. Es claro que los poderes públicos también desarrollan funciones en relación a las lenguas, pero rechazamos todo intento de utilizar la lengua como herramienta de un proyecto nacionalistas que pretende modificar los hábitos lingüísticos de los ciudadanos en contra, además, de lo que establece el marco constitucional de convivencia», precisa Impulso Ciudadano.
Reclama, por todo ello, «libertad y respeto» y el reconocimiento de que «Cataluña es una sociedad bilingüe». «Se ha de promover el conocimiento de todas las lenguas oficiales, pero sin que las políticas de promoción del conocimiento sean políticas de promoción del uso», subraya la entidad en su informe.
Impulso Ciudadano aportará su estudio al debate abierto en el marco del Pacto Nacional por la Lengua con «el deseo de que pueda iniciarse un auténtico debate sobre las lenguas en Cataluña abierto a todos los planteamientos y con el objetivo de alcanzar un consenso real ».
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