Educación: libertad ¿para qué?

El pasado miércoles se votó en el Parlamento de Cataluña una Iniciativa Legislativa Popular que proponía, entre otras cosas, la integración progresiva de la escuela concertada en el sistema educativo catalán. Aunque no prosperó, es significativo que haya tanta gente que abogue por la desaparición de la enseñanza de iniciativa social; en este sentido, no es poca cosa que colectivos sociales sean capaces de organizarse y reunir 66.000 firmas para restringir la libertad de enseñanza.

Por otro lado, no es la única iniciativa que en los últimos tiempos ha pretendido disminuir la capacidad de los padres de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Así, en los últimos tres meses se han debatido en el Parlament otras dos mociones dirigidas a extinguir los conciertos a los colegios que -en atención a las preferencias pedagógicas de los padres- escolarizan a los niños de forma diferenciada, según su sexo.

Ante este panorama, es preciso renovar el compromiso en defensa de la libertad de enseñanza. Siempre es importante que sean los padres quienes decidan el tipo de educación que quieren para sus hijos, lo cual incluye la posibilidad de escolarizarlos en centros distintos de los creados por los poderes públicos. Posibilidad que, para ser real, debe incluir la financiación correspondiente, pues si este derecho quedara disponible únicamente para quienes pueden pagar un colegio privado para la clase media (que, por cierto, es la que soporta con sus impuestos el grueso del Estado del bienestar) pasaría a quedar vacío de contenido.

Pero si siempre es importante, lo es más aún en Cataluña, pues se trata de una región en la que la Administración autonómica es especialmente intervencionista. En la medida en que la construcción nacional requiere de una continua intervención por parte del poder sobre la sociedad, un escenario de progesiva desaparición de la enseñanza de iniciativa social accesible al conjunto de la población depararía un futuro de continuo adoctrinamiento. Para muestra un botón: el art. 2 de la ley de educación de Cataluña establece como uno de los principios del sistema educativo lograr «el arraigo de los alumnos al país», lo cual a la vista de los antecedentes en esta materia da indicios de cómo sería un hipotético sistema de escuela pública única en Cataluña.

Ahora bien, no basta con una reivindicación abstracta de la libertad de enseñanza, y mucho menos una parcelación interesada de esa libertad. En este sentido, no deja de ser paradójico ver a muchos representantes de la escuela concertada defendiendo la libertad de elección de los padres ahora que afecta a la financiación de sus centros, cuando han negado esta libertad en el plano lingüístico. Y es que una parte importante de la concertada en Cataluña se ha apuntado alegremente a la subordinación de la escuela a la política nacionalista; como han demostrado sobradamente Dolça Catalunya o Sociedad Civil Catalana, en muchos colegios concertados pueden verse esteladas, o carteles en defensa de la exclusión del castellano en las aulas, etc.

Además, una defensa efectiva de la libertad de enseñanza debe ir de la mano de la equidad. Para justificar su existencia, los colegios de iniciativa social deben mostrar que es mayor su capacidad de integrar a alumnos con necesidades educativas especiales, y que conciben la educación como algo más que un negocio, de modo que su proyecto educativo pasa por proporcionar una buena educación a personas que carecen de recursos para acceder a ella. De lo contrario, la sociedad percibirá que la defensa de la financiación pública de los centros privados no es más que un intento de mantener intereses particulares.

Libertad completa, equidad, proyecto educativo integral. Sólo si cumple con su misión la enseñanza de iniciativa social podrá subsistir en la Cataluña del siglo XXI.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho constitucional