Desconfianza

El Gobierno de la Generalitat genera desconfianza. ¿Cómo confiar en quien incumple las resoluciones del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? ¿Cómo confiar en quien se enorgullece de la «astucia» -lean engaño- que le llevó a celebrar el llamado «proceso participativo» del 9-N? ¿Hay que recordar la Resolución de Desobediencia al Estado de Derecho aprobada recientemente en el Parlament? Con estos y otros mimbres, la desconfianza se impone -como si de la ley de la gravedad se tratara- por su propio peso. Visto lo visto, no sorprende que el Estado exija garantías sobre el uso de los recursos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). No sorprende que el Interventor exija facturas y certifique que el dinero se destina únicamente a pagar a los proveedores que ofertan servicios fundamentales en el sector socio-sanitario o la farmacia. O lo que es lo mismo: ningún euro para las denominadas estructuras de Estado.

No sorprende tampoco que el Estado se empeñe en el cumplimiento de una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria -en julio la Generalitat ya había sobrepasado el tope de gasto- que se aprobó (abril de 2012) con el voto favorable de CiU y que contempla medidas «preventivas» y «correctivas» para controlar el déficit. Al respecto, resulta lógico que el Estado -siguiendo la demanda de Eurostat- inste a la Generalitat a cumplir el objetivo de un déficit -oculto o no comunicado a la Contabilidad Nacional- que crece por culpa de la mala gestión económica.

Como no podía ser de otra manera tratándose del nacionalismo catalán -está escrito y es profecía-, el victimismo vuelve a escena. Exclaman: ¡Intervencionismo! ¡Control! Pues, claro. ¿Qué esperaban? ¿Una ínsula barataria? La ley que debe cumplirse. Si bien se mira, al Estado se lo ponen fácil. Y si tenemos en cuenta que miles de proveedores exigen cobrar lo que se les debe, resulta que el Estado no está solo. ¿Tan difícil es presentar las facturas?