Derechos sociales y subsidiariedad

Como es sabido, uno de los principales efectos de la crisis económica que hemos padecido ha sido el crecimiento de la desigualdad en nuestro país. Si a esto añadimos la percepción -no del todo infundada- de que se han repartido mal los costes de la crisis castigando especialmente a la clase media, no debe extrañarnos el auge del populismo en las preferencias electorales, como muestran los diversos sondeos conocidos estos días. En efecto, la falta de expectativas que lleva a dudar de que se pueda recuperar el nivel de desarrollo y bienestar al que había llegado la clase media española en los últimos lustros genera un resentimiento que se está volviendo contra las instituciones y el sistema jurídico político nacido de la transición.

Para paliar esto, todas las opciones políticas están llevando al centro del debate político la sostenibilidad del Estado del bienestar, confiando que la garantía de la educación, la sanidad y los servicios sociales permita regenerar la confianza en el sistema de aquellos que la crisis ha expulsado del mercado de trabajo. Ahora bien, la reconstrucción del Estado social que proponen la mayoría de las fuerzas políticas no parece que supere el paradigma del Estado providencia, sin plantear alternativas a un modelo de intervención social que se ha demostrado insostenible; además, en la medida en que se trata de un modelo que requiere de cuantiosos recursos públicos tiene como efecto indirecto castigar fiscalmente a las familias y clase media, por lo que tampoco parece que sea un modelo apto para devolver la esperanza a ese sector social.

Ante esta situación no basta con sostener que la primera política social es la generación de empleo; aun siendo cierto que en principio uno debe poder satisfacer sus necesidades por sí mismo con su propio trabajo, y por ello sea loable toda política que tienda a promover la internalización de la responsabilidad, la devaluación salarial que ha experimentado la sociedad española determina que, aun cuando se recupere el empleo, no será fácil que las personas puedan acceder con su esfuerzo a la educación, la sanidad u otros servicios esenciales.

De ahí que deba ensayarse una reformulación del Estado social en clave de subsidiariedad, correspondiendo a los poderes públicos garantizar que todas las personas tienen acceso a los bienes y servicios necesarios para poder llevar una vida digna y desarrollar sus propios proyectos vitales, sin que la provisión de los mismos deba necesariamente correr a cargo de las Administraciones públicas. Si los poderes públicos realizan adecuadamente su tarea de regulación y ayuda, la sociedad -y muy especialmente por medio del llamado tercer sector- podrá proporcionar estos derechos sociales a todos.

De manera que, más allá de la retórica sobre regeneración que emplean los partidos políticos en período electoral, una verdadera política reformista que aspire a renovar el sistema constitucional no puede ser ajena a esta subsidiariedad en política social.

Y cuando asistimos a decisiones y propuestas que niegan este protagonismo social en un ámbito tan sensible como la educación atacando la enseñanza concertada , no podemos dejar de preguntarnos si la tan cacareada nueva política es realmente nueva o más bien persigue reproducir los errores que han hecho insostenible nuestro modelo de protección social.

Pablo Nuevo López es abogado y profesor de Derecho Constitucional.