Los delitos y penas a los que se enfrenta Artur Mas por la consulta del 9-N

Las consecuencias judiciales por seguir adelante con la consulta ilegal del 9-N empiezan a cernirse sobre Artur Mas. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa por la consulta secesionista del 9-N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.

Según el juez, los imputados «adoptaron aquellas resoluciones decisorias y necesarias, algunas en forma verbal, para poder llevar a cabo el proceso de participación del 9N» , como fue impulsar la instalación del software necesario para la votación, la cesión de los centros docentes que acogieran los urnas, el traslado de ordenadores y la instauración de un centro internacional de prensa para dar publicidad a los resultados

Concretamente, el TSJC sostiene que Mas «consintió y no paralizó» los procedimientos de contratación sobre la consulta , que a su parecer «comprometían recursos públicos de la administración catalana», algunos de carácter «tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc» o la difusión de una campaña institucional en los medios.

En un principio, los delitos por los que se imputaba a Mas eran tres y todos ellos de especial gravedad: malversación de fondos públicos, desobediencia grave y prevaricación administrativa. En el auto del magistrado se acusa a Mas, Rigau y Ortega, indiciariamente, de los dos últimos delitos pero no de malversación de fondos públicos, como también contemplaba la Fiscalía en su querella y otras acusaciones. Curiosamente, el de malversación de fondos públicos es el único de los tres delitos que puede acarrear penas de cárcel , además de inhabilitación, si se demuestra que los acusados se lucraron personalmente con el dinero o si no lo devuelven

Por tanto, ahora ya son dos los delitos a los que finalmente se enfrentaría Artur Mas cuando se siente en el banquillo ante el juez:

- Desobediciencia grave : el castigo que afronta por este delito es la multa de tres a doce meses e inahibilitación especial para ejercer empleo o cargo público durante un mínimo de seis meses a un máximo de dos años.

- Prevaricación administrativa : por este delito el Tribunal Superior de Cataluña puede imponerle una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre siete a diez años.