La Eurocámara decidirá si envia una misión a Cataluña para comprobar «in situ» si se margina al castellano
El Parlamento europeo acepta votar la propuesta, presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), en el plazo de seis meses y envía una carta al Ministerio instándole a que garantice la cooficialidad de la dos lenguas en la comunidad
La entidad denuncia por segunda vez ante las autoridades europeas que la inmersión vulnera los derechos de los alumnos castellanohablantes e «incumple» normativas europeas
En abril de 2018, los defensores del bilingüismo llamaron a las puertas del Parlamento Europeo para denunciar cómo en Cataluña «se vulneran sistemáticamente los derechos de los alumnos castellanohablantes» . La Generalitat respondió a la denuncia ante las autoridades comunitarias alegando que se cumplían las leyes lingüísticas en la comunidad y no había discriminación al castellano. Ahora, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha acudido de nuevo a la Comisión de Peticiones del organismo europeo para demostrar que el gobierno autonómico «miente» y le ha pedido que un grupo de diputados europarlamentarios se desplacen a la comunidad para comprobarlo, petición que la Eurocámara se ha comprometido a votar en un plazo máximo de seis meses.
«Boicot interno» a la propuesta
La propuesta de la AEB de que una representación del Parlamento europeo se desplace a Cataluña ha sido respaldada por PP, Cs y Vox . Fuentes de la asociación han denunciado, sin embargo, «movimientos internos políticos de última hora en el seno de la Comisión con la intención de evitar que la propuesta prosperara». «Nos consta que algunos miembros como la eurodiputada Diana Riba , esposa del ex consejero condenado por el I-O, Raül Romeva, han movido hilos para abortar nuestra propuesta, para boicotearla», dice Ana Losada, presidenta de la AEB.
«Que el ministerio responda»
Al margen de posponer la votación, la Comisión ha acordado pedir a la Comisión de Cultura que elabore un informe que describa cuál es el grado de diversidad lingüística y cultural en la escuela catalana. Desde el órgano, se ha apuntado que «se trata de un asunto interno del Estado español» . Por este motivo, han decidido enviar al Ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá, una carta que recoge la denuncia de la AEB «para que responda sobre ella» y garantice el bilingüismo en Cataluña.
La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat (PP), ha señalado que en esta misiva se trasladará al Ministerio la «preocupación» sobre este asunto y se le pedirá que «explique y garantice la cooficialidad de las lenguas en Cataluña».
«El consejero Josep Bargalló replicó nuestra denuncia de abril de 2018. Ahora nuestra intención era demostrar que miente y pedir que se tomen medidas», señala Losada. Por este motivo, hoy en una nueva comparecencia ante la citada Comisión, la entidad ha pedido que un grupo de eurodiputados se desplacen a Cataluña para comprobar si se cumplen las leyes lingüisticas en la comunidad y si se respetan os derechos de los alumnos que tienen el castellano , lengua oficial en Cataluña, como lengua materna .
«Los alumnos castellanohablantes nacidos en Cataluña o llegados de otros puntos de España no pueden estudiar en su lengua materna , a pesar de que en Cataluña, castellano y catalán son lenguas oficiales y la Constitución y la legislación vigente, establecen que el regimen lingüístico en la escuela debería ser el de bilingüismo. Esta situación afecta también a ciudadanos de otros Estados miembros», indicó la AEB en su primera denuncia ante la autoridad europea.
Datos nuevos «incontestables»
«Hoy podemos aportar datos de la exclusión del español en la escuela catalana y de cómo se discrimina por causa de la lengua a los alumnos castellanohablantes y a sus familias», añaden portavoces de la Asamblea. En una comparecencia telemática, su presidenta ha presentado hoy el análisis que en su día realizaron de los proyectos lingüísticos de los centros catalanes , unos datos «incontestables» y «contundentes» que demuestran la vulneración de los derechos de estos estudiantes.
«Nuestra asociación analizó 2.214 proyectos lingüísticos -en ellos se define cómo se realiza el aprendizaje de las lenguas y los usos lingüísticos en cada centro- que corresponden al 95 por ciento del total de escuelas públicas que incluyen todas las etapas de enseñanza y los centros de educación especial.
El resultado del trabajo fue, según la AEB, «concluyente». «En ningún centro en Cataluña el castellano es lengua vehicular. El mínimo legal del 25 por ciento de horas en castellano no se contempla en ningun proyecto lingüístico» y «solo 126 centros sobre 2.214 ofrecen alguna asignatura no lingüística en castellano en algun año de la etapa de primaria o secundaria».
Proyectos lingüísticos idénticos
«No importa cual sea el porcentaje de alumnos castellanohablantes o catalanohablantes, los proyectos lingüísticos son idénticos en todos los centros: una única lengua vehicular, 0 horas de castellano en educación infantil, 2 horas a la semana en primaria, 3 horas en secundaria y bachillerato, con identica proporcion para los alumnos con necesidades educativas especiales », ha indicado Ana Losada en su comparecencia ante la Comisión de Peticiones.
Otro dato «preocupante» del informe es que «el 53 por ciento de los alumnos catalanes son castellanohablantes y no pueden aprender a leer y escribir en su lengua hasta los siete años » o que «el 99 por ciento de los centros públicos exige que las comunicaciones internas orales y escritas solo se realicen en catalán: ni en los pasillos, ni en el comedor, ni en las conversaciones entre el personal docente y no docente debe utilizarse el castellano».
Especialmente preocupante es, según denuncia la AEB, la situación de los alumnos con necesidades especiales, «al menos 45.000 de los que hay en Cataluña son castellanoparlantes» «No poder estudiar en su lengua materna añade una nueva barrera a su formación» , expone Losada.
Incumple el Tratado de la UE
Esta situación, que perpetúa el actual régimen lingüístico en las escuelas - establece el catalán como única lengua de uso-, infringe, a juicio de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, los preceptos de varias normativas europeas.
«Se infringe el articulo 2 del Tratado de la UE al no respetarse el estado de derecho, porque la administración pública española y catalana esta obrando conscientemente en contra de lo exigido legalmente y también el 3.3 al constatarse la discriminación, la desigualdad y la desprotección de los derechos del niño», denuncia la asamblea.
Con el actual monolingüismo en la escuela, Cataluña «tampoco respeta el articulo 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE puesto que se discrimina a los alumnos castellanohablantes por razón de lengua, y no se les transmite la diversidad lingüística y cultural de nuestro país», denuncia Losada.
Por último, « se obstaculiza la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea que contempla el art. 45 ». «La discriminación lingüística a los castellanoparlantes que se da en los centros educativos de Cataluña supone una restricción a la libertad de circulación de los niños y de sus familias dentro del Estado. Esta situación no solo obstaculiza el aprendizaje de los niños o jóvenes migrados a Cataluña desde otros lugares de España o de la UE, sino que también restringe las opciones de sus padres a la hora de buscar un empleo», denuncia la AEB ante la autoridad europea. «Estas normas impiden la libre circulación y actuan como medidas proteccionistas del mercado laboral catalán, al dificultar la llegada de profesionales de fuera de Cataluña », añade.
Paralelamente, «se desatienden además las recomendaciones del Consejo relativas a la enseñanza en lengua materna, a la integración de niños con discapacidad en los sistemas de enseñanza, y al multilingüismo».
Por todo lo expuesto, la AEB ha solicitado a la Comisión de Peticiones que estudien la situación de los alumnos castellanohablantes en la escuela en Cataluña y que «una delegación de europarlamentarios se traslade a Cataluña para evaluar “in situ” el régimen lingüístico del sistema educativo catalán y la posible infracción de las Administraciones educativas catalana y española, en el ámbito de sus competencias, de los principios comunitarios».
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